Uno de cada cuatro asalariados de Lleida ha estado inmerso en un ERTE

Prácticamente uno de cada cuatro asalariados de las comarcas de Lleida se ha victo inmerso en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) entre los meses de abril y julio de este año. A medida que los negocios han ido recuperando actividad, las empresas han ido recuperando trabajadores y el último balance oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apunta que al finalizar el pasado mes de agosto eran 6.258 los leridanos que aún estaban cobrando ayudas derivadas de los ERTEs. Estas cifras demuestran la importancia de un sistema de protección social puesto en marcha para frenar el golpe para la economía de millones de trabajadores en todo el Estado por la crisis derivada de la pandemia y de las medidas puestas en marcha para frenar la expansión del coronavirus.

De las 34.799 altas iniciales de estas prestaciones contributivas en Lleida, más del 84% han correspondido a suspensiones de empleo, a trabajadores que han acabado en sus casas por el cierre de sus empresas o por la drástica caída del negocio de las mismas. Estamos hablando de 29.326 trabajadores cuyos ingresos han dependido totalmente del SEPE, el antiguo Inem. Los otros 5.413 trabajadores han accedido a un desempleo parcial

En principio, hay consenso para mantener la ayuda en el 70% de la base reguladora, sin recortes

En este contexto, el Gobierno central y los agentes sociales iniciaron ayer los contactos para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre, con el compromiso de no “dejar a nadie atrás” y la coincidencia de que el acuerdo no se hará solo por sectores y se mantendrán las prestaciones de los trabajadores afectados. Tras la reunión, las partes se emplazaron a continuar los trabajos el lunes con la intención compartida de no dejar el acuerdo para el último momento, mantener los ERTEs en caso de nuevos cierres por rebrotes y que la ampliación de las condiciones no se haga solo con criterios sectoriales, así como que las prestaciones de los afectados no se vean recortadas a partir del sexto mes al 50% de la base reguladora, sino que se mantenga en el 70%.

Por el contrario, estarán sobre la mesa de negociación algunas diferencias en los esquemas de ayudas a las cotizaciones a la Seguridad Social, donde patronal y sindicatos piden que se exonere más a las empresas y trabajadores que no han vuelto a la actividad, así como en poner o no fecha límite de vigencia a este nuevo acuerdo. A la reunión asistieron los ministros de Trabajo y de Inclusión, los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, y los secretarios generales de UGT y CCOO.