El parón de la economía, en espera del plan de reactivación

La pandemia se ha llevado por delante algunas de las citas económicas con mayúsculas, la más importante la Trobada al Pirineu, que espera celebrarse en fechas próximas. También han “caído” del calendario otras como Nutriforum y, de hecho, el último gran congreso tuvo lugar en la ciudad de Lleida el 10 y 11 de marzo, el de AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados, que reunió a 400 profesionales del sector de toda España. Apenas unos días después, el 15, entraba en vigor un estado de alarma que suponía, en la práctica, la paralización de buena parte de la economía. A partir de ese momento, solo se podía salir de casa para trabajar, hacer compras básicas o ir al médico. De un plumazo cerraban negocios y los ciudadanos se enclaustraron en casa, unos 30.500 para teletrabajar.

Los efectos de la crisis fueron tan importantes desde el primer momento que si no llega a ser por los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTEs, las cifras del paro hubieran llegado a ser estratosféricas. Los últimos datos oficiales sitúan en 5.836 las empresas que recurrieron a suspender los contratos o reducir la jornada de sus plantillas. Hablamos de 34.739 trabajadores cobrando estas prestaciones en el acumulado de abril a julio. Pese a un sinfín de problemas generados de trabajadores que han estado meses sin cobrar las prestaciones por un SEPE, antiguo Inem, desbordado, los ERTEs han sido el colchón que de momento está aguantando la economía de miles de familias. De hecho, aún quedan inmersos en estos expedientes 6.258 leridanos, la mayoría de ellos mujeres. Las cifras de parados habrían sido estratosféricas sin este instrumento. Lleida ha cerrado el mes de agosto con 23.408 desempleados inscritos en el Servei Català d’Ocupació, frente a los 17.765 de un año antes.

La economía espera los fondos de recuperación europeos, cifrados en 140.000 millones

La crisis está golpeando a todos los sectores económicos, pero con especial virulencia en el caso de los servicios, no en vano la hostelería y el comercio han sido los que han sufrido de forma especial todas y cada una de las restricciones para frenar la expansión del virus. Se calcula que unos 3.300 autónomos siguen cotizando pese a tener sus negocios cerrados en la provincia y la Seguridad Social ha perdido unas 400 empresas cotizantes, tanto del sector industrial como de servicios.

Las exportaciones se mantienen para muchas empresas como vía para afrontar la crisis mientras el mercado interior sigue dando síntomas, como mínimo, de atonía. Pero aquí también se han registrado problemas. Por una parte, el sector del aceite de oliva es uno de los grandes damnificados de la guerra comercial que emprendió EEUU contra la UE en forma de aranceles. Por otra, el de la fruta dulce ha afrontado una campaña tan histórica como difícil. Con una producción baja, ha tenido que asumir unas medidas extraordinarias tanto en el campo como en las centrales para evitar la propagación de la Covid-19. Todo ello al tiempo que el frutícola y el cárnico eran señalados como dos sectores en los que se disparaban los casos y que se sentían culpabilizados injustamente. Culpabilizados los sectores y también los territorios, en especial el Baix Segre, que se ve en buena medida “conejillo de indias” de unas medidas restrictivas que junto a la ciudad de Lleida han sido tan estrictas como para muchos injustas.

En espera de que se concrete la ampliación de los ERTEs más allá de este mes, una de las grandes incógnitas económicas es cuándo y cuánta será la ayuda que llegará de la Unión Europea. España calcula que recibirá hasta 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, de los que 72.700 serán ayudas directas y el resto créditos. Primero habrá que convencer a la UE de las políticas que se llevarán a cabo, y para eso hace falta aprobar unos Presupuestos. Después vendrá la pugna por el reparto del dinero en el territorio.

Fechas clave para la economía La declaración del estado de alarma supuso un duro golpe para la economía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió tomar el control del Estado y a partir de ese momento solo se podía salir a de casa para ir a trabajar, a hacer compras básicas o al médico, básicamente. Bares, restaurantes, ocio y comercios no esenciales tuvieron que bajar la persiana.