CRISIS SOCIEDAD
El Gobierno prorroga hasta el 9 de mayo la suspensión de desahucios
El decreto-ley prohíbe durante el estado de alarma los cortes de luz, agua y gas || Se compensará al dueño al prohibir un desalojo si prueba un perjuicio económico
El Gobierno central aprobó ayer la prórroga de la suspensión de los lanzamientos y desahucios, que estaba vigente hasta el 31 de enero, hasta la finalización del estado de alarma (9 de mayo), según informó ayer el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tras el Consejo de Ministros. Además, ahora se incorporan a esta medida de suspensión de lanzamientos y desahucios colectivos vulnerables o que han visto agravada su situación de vulnerabilidad con motivo de la pandemia.
En el real decreto también se recoge que se suspenden los lanzamientos o desahucios de otro colectivo, que es el de los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, siempre que haya personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.
Iglesias asegura que el decreto antidesahucios “no es la panacea” pero dará tranquilidad a las familias
Ábalos explicó que esto se debe haber producido antes de la entrada en vigor de este decreto y que, “en ningún caso”, la ocupación constituya para nadie su residencia habitual, su segunda vivienda ni hayan sido cedidas a otras personas, y siempre y cuando las personas recogidas en este colectivo tengan acreditadas su situación de vulnerabilidad.
Se prohíbe durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables, severos o en riesgo de exclusión social. La nueva norma dice que se suspenden los lanzamientos o desahucios de otro colectivo, que es el de personas que ocupan una vivienda sin que haya habido una acción ilícita o sin que haya mediado violencia ni intermediación.
Para hacer frente a esta situación, se podrá bien usar el fondo de ayudas al alquiler para vivienda asequible, o en el caso de que no pudiese resolverse la situación por falta de alternativa habitacional, el propietario de la vivienda tendrá derecho a una compensación que se establece en función del índice de precios de referencia del mercado del alquiler, “siempre que fuera el propietario el que reclamara esta compensación, porque se hubiesen producido daños objetivos en el domicilio”.
El decreto, que ha sido motivo de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos durante semanas, “no es la panacea, pero dará tranquilidad a las familias”, dijo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en un vídeo difundido al mismo tiempo que se celebraba el Consejo de Ministros.