Díaz alerta que ampliar el cómputo de la pensión supone un recorte

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó ayer la reforma de las pensiones que propone José Luis Escrivá, titular del departamento de la Seguridad Social, porque, alerta, provocará “recortes” en las pagas iniciales de los nuevos beneficiarios. Además, lamentó que el salario mínimo interprofesional (SMI) no se haya incrementado, y que el Consejo de Ministros, a la espera de un acuerdo con los agentes sociales, haya decidido prorrogar el vigente, que es de 950 euros mensuales.

De esta forma, Díaz, de Unidas Podemos, cargó contra los planes del ministro Escrivá, del PSOE, para reformar el sistema de pensiones y ampliar de 25 a 35 los años de cotización que se tienen en cuenta para el cálculo a la hora de jubilarse. “Esa propuesta supone un recorte en las pensiones públicas”, aseguró Díaz, que advirtió que la formación morada “no respaldará ningún recorte en materia de protección social”. Y es que, según la ministra de Trabajo, lo que plantea Escrivá no figura ni en el acuerdo de coalición, ni en el Pacto de Toledo ni se ha abordado en la mesa de diálogo social. “Legítimamente defenderemos nuestra posición”, concluyó. En la misma línea, Díaz también lamentó que el Consejo de Ministros decidiera el martes mantener en 950 euros el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2021, a la espera de un acuerdo con la patronal y los sindicatos. En este sentido, señaló que el aumento que se había propuesto era de 30 céntimos al día. “Creo que las empresas españolas pueden soportar una revalorización de 30 céntimos diarios”, remarcó la ministra, que añadió que el incremento del SMI afectaría a “solo” un millón y medio de trabajadores. Al hilo de esto, en declaraciones a la SER, destacó que muchas empresas están capeando la crisis del coronavirus gracias al dinero de las administraciones públicas. “El dinero público está manteniendo empresas y hay algunas compañías que van muy bien”, afirmó Díaz.

En otro orden de cosas, el Estado abonó ayer a 1.308.607 euros en prestaciones a 3.026 autónomos leridanos. En el conjunto de Catalunya, la cantidad desembolsada alcanzó los 39,2 millones de euros y repercutió en beneficio de 67.000 trabajadores por cuenta propia.