Asegurar las restricciones en oficinas del paro costará hasta 260.000 euros

La factura del coronavirus para las administraciones públicas es inmensa y todavía nadie es capaz de precisar a cuánto ascenderán la factura de gastos extraordinarios que están teniendo que afrontar y la de ingresos perdidos por el frenazo en la actividad productiva. Precisamente este parón en seco de la economía dejó sin ingresos, de la noche a la mañana, a muchos trabajadores, y el alud de solicitudes de aprobación de expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), así como de ayudas y subsidios por paro, acabaron por colapsar durante semanas los servicios de ocupación. En aquellos momentos, solamente en la demarcación de Lleida, llegó a haber 27.948 trabajados inmersos en un ERTE.

De cara a la reapertura de las oficinas de empleo, a finales de la primavera pasada, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) constató la necesidad de reforzar la seguridad en sus instalaciones, tanto como medida de prevención ante posibles “disturbios” como a fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de protección frente al coronavirus. En las oficinas de Lleida, Balaguer y Tàrrega ya existía el servicio de vigilancia, pero no en las de Solsona, Tremp, La Seu d’Urgell y Vielha, donde se tuvo que crear desde cero. De tal forma que, desde mediados de junio del año pasado, cuando reabrieron los servicios de empleo, hasta el 31 de marzo de este año, las arcas públicas tendrán que asumir un coste de hasta 261.770,80 euros por reforzar la seguridad y el cumplimiento de los protocolos contra el coronavirus por parte de los ciudadanos en las oficinas del paro de estos cuatro municipios de la provincia, en los que anteriormente dicho servicio era mínimo. “Los problemas sociales derivados del aumento del paro a causa de la crisis provocada por la pandemia y la multiplicación de los ERTE incrementaron el riesgo de disturbios que sería menester controlar para preservar la integridad física de trabajadores y usuarios”, manifestaron desde la Generalitat, a la vez que señalaron que ahora es necesario “controlar el acceso escalonado de los usuarios” a las instalaciones. Además de en Solsona, Tremp, La Seu y Vielha, el SOC también acordó reforzar la seguridad en la oficina de trabajo de Lleida, situada en el carrer Acadèmia de la capital del Segrià, en plena segunda ola de coronavirus, entre los meses de noviembre y diciembre, lo que supuso para las arcas públicas un desembolso de 10.616,18 euros.