TRANSPORTES PROPUESTA
Moncloa prevé hacer pagar por el uso de las autovías
Un peaje que se debería consensuar para costear su mantenimiento || La concesión de la AP-2 y la AP-7 finaliza el 31 de agosto
El plan supone tener que pagar por usar las autovías.
El Gobierno de Pedro Sánchez prevé incluir en el plan de recuperación que remitirá a Bruselas el cobro a los conductores por utilizar las autovías. De esta manera pretende afrontar el mantenimiento de estas vías de alta densidad, evaluada en unos 1.200 euros anuales, según publicó ayer El País.
Lo que no hay es una fecha para su puesta en marcha y Moncloa se lo plantea a medio plazo e intentará conseguir el consenso. El plan es que solo paguen por el uso de autovías los automovilistas de tránsito -tanto turistas extranjeros como viajeros estatales- con un pago muy reducido en comparación con los peajes de las autopistas, según el rotativo.
Quedarían excluidos camioneros, autocares y particulares que usan la carretera para ir al trabajo. El hecho de estas diferenciaciones, sin embargo, podrían chocar con las normativas europeas.
La patronal de las constructoras Seopan se ha mostrado siempre favorable a un sistema de pago por el uso de las autovías que, por el contrario, es rechazado por la de las empresas de transporte por carretera al considerar que no pueden soportar más costes.
Calvet celebra la decisión del Gobierno central y vuelve a reivindicar la instauración de la viñeta
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, celebró ayer la decisión de Moncloa y reivindicó la aplicación de la viñeta. “Hemos estado muchos años clamando en el desierto desde el Gobierno de la Generalitat, quizá porque estamos acostumbrados a fijarnos en Europa”, subrayó el conseller, que remarcó que la directiva de la viñeta ya hace muchos años que existe en Europa y permitirá poner fin al “agravio” de Catalunya respecto al resto del Estado con los peajes.
Calvet se muestra partidario de una implantación “rápida” de la viñeta y empezar por una cuota fija para luego aplicar un modelo “quien más contamina, más paga” que ya implicaría el despliegue de la tecnología. Con todo, asegura que hay que llegar al máximo consenso con las fuerzas políticas, el territorio y diferentes agentes, como patronales, sindicatos, asociaciones y transportistas, entre otros.
Todo ello cuando la concesión de la AP-2 y la AP-7 finaliza el 31 de agosto próximo.
