El Gobierno confía en lograr un acuerdo a seis días de finalizar la vigencia de los ERTEs

El Gobierno decidió ayer darse un poco más de margen para cerrar un acuerdo con el que prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuya vigencia actual termina el lunes, después de que la patronal haya rechazado su última propuesta, criticada también por los sindicatos, que, no obstante, piden llegar a un consenso.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Ejecutivo “no tiene ninguna duda” de que antes del viernes se alcanzará un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTEs hasta el 30 de septiembre, algo que se debería aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario. En este sentido se pronunció también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguró además que se “dejará la piel” para lograr un acuerdo satisfactorio.

La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, defiende mantener el esquema actual de los ERTEs

El principal escollo siguen siendo las exoneraciones a la Seguridad Social de las empresas afectadas. La última propuesta remitida por el ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, apuesta por incentivar la activación de trabajadores, es decir, que las empresas paguen menos cotizaciones por los trabajadores que sacan del ERTE que por los que mantienen en el mismo.

Este fue el punto por el que la propuesta recibió ayer la negativa de la CEOE y también la de UGT y CCOO, que critican que solo servirá para penalizar a las que más siguen sufriendo por la Covid. El planteamiento de Escrivá cuenta también con el rechazo de Díaz, quien se ha mostrado favorable a mantener el esquema actual de los ERTEs.

Hasta mediados de este mes en Lleida había 30.168 empleados afectados por un ERTE.

Por otra parte, España recibió ayer un último tramo de 3.370 millones del préstamo europeo para financiar los ERTEs y las ayudas a autónomos por el cese de actividad.

El Congreso da luz verde a la ley del teletrabajo, que endurece multas

El Congreso aprobó ayer la nueva ley de trabajo a distancia, que endurecerá hasta un 20% las sanciones por infracciones en materia laboral que impone la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hasta un máximo de casi un millón de euros. El proyecto, que tiene origen en el decreto ley aprobado por el Gobierno en septiembre, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, pasará ahora al Senado.

Por su parte, UGT pidió que la Inspección de Trabajo vigile “de forma exhaustiva” el cumplimiento de esta nueva ley del teletrabajo. 

Aprobado otro tramo de avales ICO de 15.000 millones

El Consejo de Ministros aprobó ayer un sexto tramo de 15.000 millones de euros de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros que aprobó el pasado julio para que las empresas obtengan créditos de la banca con las que hacer frente a sus necesidades de liquidez y poder financiar inversiones. Del total, 10.000 millones de euros se destinarán a pymes y autónomos, y los 5.000 restantes a empresas de mayor tamaño. Estos podrán solicitarse hasta el próximo 1 de diciembre.

Se aprobaron 13.536 créditos a 8.410 empresas y una financiación de 1.334 millones hasta mayo

En la provincia de Lleida, hasta el pasado 30 de abril, según datos del ministerio de Asuntos Económicos, se habían aprobado 13.536 créditos de la línea ICO para 8.410 empresas, con 1.123,2 millones avalados y una financiación de 1.334,2 millones de euros.

Por otro lado, el ministerio de Hacienda instó a las comunidades a que pongan en marcha “cuanto antes” la línea de ayudas directas de 7.000 millones para empresas y autónomos afectados por la Covid-19 y señaló que se está informando de los requisitos que deberán cumplir aquellos sectores añadidos por cada territorio que quieran acceder a estas ayudas.