Un grupo de expertos propone 91 acciones a la Generalitat para 'hacer uno reset' a la Catalunya de después de la pandemia

Una treintena de expertos han propuesto 91 acciones a la Generalitat para 'hacer un reset' a la Catalunya dedespués de la covid y lo han concentrado en un documento que han entregado este jueves al presidente del Govern, Pere Aragonès. Entre las medidas propuestas, reclaman sacar adelante un sistema sociosanitario integral, la refundación de los medios públicos, la transformación del sistema educativo, la mejora y la actualización del sistema regulador y fiscal, con la reorientación del impuesto de estancias turísticas. Además de la necesidad de una mejor gestión de las infraestructuras, apuestan por reformar el sector público, profesionalizando los sitios de trabajo a partir de las direcciones generales y para impulsar un nuevo sistema de financiación de los ayuntamientos.

El Grupo de Trabajo Catalunya 2022 ha consultado a más de 320 personas y 200 entidades que se han puesto de acuerdo para detallar 12 objetivos, que "lejos de ser un recetario de obligado cumplimiento, pretende ser un motor de debates", detalla el informe.

El documento se vertebra en tres grandes ámbitos: 'una sociedad justa, apoderada y capaz'; 'una economía competitiva basada en el talento y la innovación' y 'un sector público reformado, ágil y tractor'.

En el primero de los apartados, el grupo de expertos reclama el impulso en el acceso y la participación en la cultura. En este punto, reclaman innovar en contenidos, formados y canales de distribución, y "afrontar los retos del sector audiovisual y digital refundando los medios de comunicación públicos". Ligan esta petición a la de acelerar la transformación del sistema educativo, fortaleciendo las redes educativas y articulando soluciones que permitan la formación a lo largo de la vida.

Para conseguir a una sociedad justa, las conclusiones de los expertos apuntan en la necesidad de crear un sistema integral de atención y cuidado de las personas a lo largo de la vida, conectando los sistemas de Salud y de Servicios Sociales, superando "la estigmatización" y "universalizando" los asuntos sociales. Además, reclaman ampliar como mínimo cuatro veces la cobertura de renta garantizada de ciudadanía.Otro aspecto clave es el fomento de la vivienda digna, asequible y sostenible como mecanismo de lucha contra las desigualdades, "con una intervención decidida para alcanzar que el 10% del parque de vivienda sea público en 10 años".

En una vertiente más económica, apuestan por innovar en sectores tradicionales y nuevos para recuperar posición en el mundo. También ponen sobre la mesa la conveniencia de "mejorar y actualizar nuestro sistema regulador y también el fiscal para ponerlos de una vez al servicio de los cambios que queremos promover," como la economía circular o la innovación verde en el tejido industrial tradicional. En este punto, proponen acciones concretas en defensa del comercio de proximidad y reorientar el impuesto de estancias en establecimientos turísticos "hacia la mejora de la protección y recuperación del entorno y el patrimonio del país".

Aparte de insistir en la consecución de la soberanía energética y alimentaria con ayudas incentivos fiscales, reclaman que se potencie la creación de conocimiento y su aprovechamiento industrial y social.

Un paso importante para este objetivo es conseguir tener un "país de ciencia y datos" con un sistema de datos territorializados en tiempo real que acompañe la toma de decisiones tanto de la ciudadanía como de los sectores público y privado.

El informe también se centra en las transformaciones que hay que aplicar en el sector público, el cual piden que se agilice y que mejore sus sistemas de atracción de talento. Por eso, proponen que se establezcan nuevos sistemas de selección y promoción de personal en la administración, regular la precariedad laboral y profesionalizar la dirección pública a partir de las direcciones generales. Para acabar con la problemática de los interinos, exigen reubicar adecuadamente a todo el personal público precario en los próximos cinco años.

Además, los expertos cogen la petición histórica del municipalismo de aplicar nuevos sistemas de financiación de la administración local, con coordinación de los planes territoriales y emprendiendo medidas concretas para los micropueblos. Para fomentar un modelo sostenible y de proximidad, reclaman un gran pacto forestal que fomente la economía verde y un pacto azul para la conservación y explotación sostenible de la costa catalana.

Otra de las mejoras que exigen a la administración es establecer el principio 'once only' para todos los trámites administrativos al mismo tiempo que se apodera el ciudadano como único propietario de la información; trabajar para eliminar la pobreza digital, e impulsar una ley del sector público digital que nos desbloquee los actuales topes legales que impiden desplegar seriamente los servicios digitales de una sociedad moderna.

En el acto de presentación, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que la transformación social y económica que tiene que afrontar el país no se puede separar de la resolución del conflicto político con el Estado. "Necesitamos encaminar con toda la urgencia y la voluntad transformadora la salida de la crisis, pero eso no tiene que eclipsar que necesitamos un buen marco institucional y precisa afrontar la resolución del conflicto político con el Estado. La salida de la crisis, pues, no tiene que abandonar esta cuestión", ha alertado.

También ha alertado de que el conflicto político "no acabaría tampoco sólo con unos indultos". "Tenemos exiliados y exiliadas, compañeros y compañeras pendientes de juicio, y Catalunya todavía tiene que poder ejercer en libertad el derecho a decidir su futuro político. Es una situación la excepcionalidad que hay que resolver para afrontar todas las transformaciones que se plantean", ha remachado.