Las pensiones subirán con el IPC, se penaliza la jubilación anticipada y se premia atrasarla

El ministerio de Inclusión y Seguridad Social cerró ayer con patronal y sindicatos un acuerdo para el primer paquete de reforma de las pensiones, según informaron fuentes del diálogo social, que previsiblemente será aprobado el martes 6 de julio por el Consejo de Ministros. El acuerdo, tras meses de negociaciones, se ha sellado en la reunión de la mesa convocada ayer y solo queda pendiente de la ratificación formal de los órganos de dirección de la CEOE, algo que previsiblemente ocurrirá hoy, ya que los negociadores de UGT y CCOO tenían el mandato para poder aprobarlo en la mesa.

Desde el ministerio de Seguridad Social señalaron que el texto del acuerdo recoge tanto las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó el pasado otoño como las reformas recogidas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Anualmente se hará una transferencia a través de los Presupuestos por un 2% del PIB para avalar el sistema

La reforma supone que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación por ley así como derogar expresamente el factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, que preveía el ajuste a la baja de la prestación inicial según la esperanza de vida y que estaba en suspenso hasta 2023. Según el acuerdo, las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el Índice de precios al consumidor (IPC) de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las prestaciones no se reducirían, se mantendrían igual. Además, con el objetivo de acercar la edad real de jubilación a la efectiva, se implantarán penalizaciones a la jubilación anticipada: por cada mes que se adelante la jubilación habrá una penalización, cuya suma oscilará entre el 2,81 y el 21 por ciento. El pacto contempla una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4%, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación. Quedan fuera de este primer paquete de reformas el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas. Los sindicatos destacaron que la reforma supone la inclusión del compromiso del Estado como “garante” público del sistema de pensiones, incluyéndose en la ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado por un 2% del PIB, alrededor de unos 21.000 millones.Plan de ayudas a los trabajadores en ERTE en CatalunyaLos trabajadores afectados por un ERTE entre enero y mayo de este año podrán solicitar ayudas entre el 5 y el 15 de julio, según anunció el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent. La línea, dotada con 60 millones de euros, prevé ayudas de entre 600 y 700 euros por persona.