La reforma de pensiones garantiza su poder adquisitivo pero con muchos retos pendientes

Esta semana Gobierno, sindicatos y patronal han firmado el primer gran paquete de la reforma del sistema público de pensiones que, como gran titular, echa por tierra los mayores cambios que introdujo el PP en 2013 y volverá a revalorizar las prestaciones en función de la inflación. El acuerdo está previsto que inicie su tramitación parlamentaria para que pueda empezar a aplicarse cuanto antes. Si supera el trámite parlamentario antes de que acabe este año, entrará en vigor a comienzos de 2022, pero fuentes del diálogo social no descartan que muchos aspectos lo hagan en 2023.

Con todo, el pacto es solo una parte de la reforma pendiente. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha referido a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, que se abordará el año que viene, en el siguiente bloque de la reforma de las pensiones.

Esta medida, ha insistido, debe acompañarse de una “mayor generosidad” en las lagunas de cotización y de la posibilidad de descartar los peores años de cotización. Todo ello tras advertir que los baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1975 tendrían que elegir en el futuro entre trabajar más años o cobrar menos pensión.

Luego atribuyó sus palabras a esas cosas que se suelen decir en plena polémica, que no tuvo su mejor día, que era una reflexión en voz alta y que se le había malinterpretado. El acuerdo suscrito contempla la sustitución del factor de sostenibilidad (ligar las pensiones a la esperanza de vida como estableció el PP en su reforma de 2013) por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que estará definido en cinco meses y que comenzará a aplicarse en 2027.

Habrá que ver si al final las palabras de Escrivá corresponden o no con la propuesta que se ponga realmente sobre la mesa..

En cinco meses se debería pactar un nuevo mecanismo de equidad entre generaciones

El acuerdo suscrito asegura la contribución del Estado a las necesidades de la Seguridad Social. Dicho de otra forma, donde no lleguen las cotizaciones sociales deberán hacerlo los presupuestos del Estado de una u otra manera. Lo que está por ver es cómo se financia y si al final se crea algún tipo de impuesto para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. El pacto recoge además medidas para ampliar las carreras laborales de forma voluntaria e ir acercando la edad real de jubilación a la legal que será de 67 años en 2027. Endurece las condiciones de prejubilación voluntaria, dado que aumenta los coeficientes reductores, que merman la prestación de los trabajadores que se jubilan antes de tiempo. Los nuevos baremos van desde un mínimo del 2,8% hasta un máximo del 21% y se aplican por trimestres.

Se incrementan también los incentivos por retraso de la jubilación con mejoras en la pensión bien en porcentaje o con una cantidad fija. El más beneficioso, en principio, es cogerse a un incremento del 4% por año trabajado más allá del retiro.

El primero de ellos es aclarar el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, un colectivo que en Lleida representa 32.705 trabajadores de diferentes sectores, a los que se suman 5.342 del agrario. El ministerio quiere que la cotización sea en función de los ingresos reales del autónomo y su propuesta es que paguen entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros al mes. La aplicación se plantea de forma paulatina a lo largo de nueve años. Hoy, las pensiones de los autónomos de Lleida son 490 euros inferiores a las de los asalariados. Más de la mitad del colectivo, según su patronal ATA, cotiza por la base mínima.

La reforma de las cotizaciones de los autónomos, en el siguiente asalto El acuerdo de Gobierno, sindicatos y patronal es un primer paso en la reforma de pensiones y, de hecho, quedan por acordar aspectos espinosos y polémicos.