El 30% de los trabajadores de Lleida tienen un contrato eventual

El 30 por ciento de los trabajadores de la provincia de Lleida tienen un contrato eventual. Precisamente, reducir la temporalidad se presenta como el gran caballo de batalla en la negociación entre el Gobierno central, los empresarios y los sindicatos de cara a introducir cambios profundos en la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy, unas reuniones a tres bandas que se retomarán hoy en Madrid. En concreto, en la provincia de Lleida hay 145.884 asalariados con contrato y solo 72.550 tienen uno indefinido a tiempo completo.

Estamos hablando que representan prácticamente la mitad de los cotizantes a la Seguridad Social, según datos de este organismo referidos al mes de octubre de este año. Otros 15.945 trabajadores tienen también una relación estable con su empresa, pero en este caso son empleos a tiempo parcial. El problema en estos casos es que un porcentaje significativo de las personas que aceptan este tipo de puestos con un horario inferior a las ocho horas por día es porque no encuentran otro en mejores condiciones a tiempo completo.En el análisis de los 43.817 empleos eventuales, la Seguridad Social tiene contabilizados en la demarcación 30.590 que son a jornada completa y 13.227 a tiempo parcial.

El total de los contratos se completa con 4.059 personas que aparecen bajo la figura de fijo discontinuo. Es el caso, por ejemplo, de personas empleadas en la misma empresa durante la campaña de la fruta o la turística año tras año, pero solo durante los meses concretos de más actividad en los que son necesarios al incrementarse el volumen de negocio.Por último, la estadística de la Seguridad Social refleja un total de 9.513 contratos que registra bajo el epígrafe “otros” sobre los que no se especifica las características de la relación entre el empleados y el trabajador. La reunión hoy sobre la reforma laboral se producirá después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos, del que se ha descolgado la patronal CEOE-Cepyme, para subir las cotizaciones sociales durante diez años a partir de 2023 con el fin de sufragar el mayor coste que implicarán en el futuro las jubilaciones de los baby boomers, los nacidos entre 1957 y hasta 1977.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, descarta que el desacuerdo sobre las pensiones vaya a influir de manera negativa en las negociaciones sobre la reforma laboral, pero ha advertido de que los documentos del Gobierno que hay ahora mismo sobre la mesa no cuentan con el respaldo patronal. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconoce que lograr un acuerdo tripartito para reformar el mercado de trabajo va a ser “muy difícil”, aunque no imposible, y sitúa el principal escollo en la temporalidad. Inicialmente planteaba que la tasa de temporalidad en las empresas no pudiera superar el 15%, pero ahora se habla de un marco flexible y regulable en función de los sectores.En otro orden de cosas, el ministerio de Hacienda y Función Pública ha anunciado la reactivación del diálogo social para negociar mejoras laborales dirigidas al colectivo de empleados públicos.

“Un estado de bienestar fuerte debe financiarse”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó ante las duras críticas sobre fiscalidad del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y tras el nuevo mecanismo para las pensiones que, “si queremos un estado de bienestar fuerte, tendremos que financiarlo”.Durante la sesión de control en el Senado, Maroto acusó a Sánchez de basar su política en las mentiras “machacando a la clase media” con subidas de impuestos y de que su lema “no dejar a nadie atrás” se refería a no dejar a nadie “sin subirle los impuestos”. Sánchez le pidió a Maroto coherencia, ya que, dijo, cuando están en la oposición “bajan los impuestos y cuando llegan al Gobierno los suben”. En la misma línea que Sánchez, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, había recordado poco antes que el estado del bienestar “hay que pagarlo” y que las pensiones forman parte de un modelo que se cubre con las cotizaciones sociales que aportan empresarios y trabajadores al sistema.

Sánchez desayunó ayer en el Palacio de la Moncloa con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, para escenificar el acuerdo sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) alcanzado la tarde del lunes.Introducirá una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos, de los que las empresas asumirán 0,5 puntos y los trabajadores, 0,1 puntos. Esto empezará a operar en 2023 y se extenderá durante diez años, con el objetivo de engordar la llamada ‘hucha de las pensiones’.