El IRTA evalúa el uso de drones para aplicar fitosanitarios de forma eficiente y minimizar el impacto ambiental

El proyecto Phytodron, en el que participa el IRTA conjuntamente con otros centros de investigación y universidades del Estado y empresas, evalúa el uso de los drones como herramienta para aplicar productos fitosanitarios de forma eficiente y minimizar el impacto ambiental. En este sentido, quiere impulsar y regular el uso para esta finalidad y contribuir, así, a cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Se sabe que los drones son más adecuados que otros medios por aplicar fitosanitarios en parcelas pequeñas, zonas de difícil acceso o terrenos montañosos, pero se desconoce la efectividad y la deriva que está asociada. El primer ensayo de aplicación de fitosanitarios en dron se ha hecho este miércoles en una finca de viña de Raimat, en el Segrià.

El uso de fitosanitarios -productos químicos que tienen el objetivo de evitar plagas y prevenir y cuidar enfermedades de las plantas- en la agricultura es clave|clavo|llave para conseguir producciones de calidad y asegurar la viabilidad técnica y económica en la producción de alimentos. Ahora bien, puede contribuir a la contaminación del suelo, el agua y del aire, y a la pérdida de la biodiversidad.

Es por eso que el año 2020, la Comisión Europea se comprometió a reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en la estrategia 'De la granja a la mesa' (Farm to Fork'), un elemento clave del Pacto Verde Europeo. Una de las maneras de hacer frente es mediante la agricultura de precisión, con la que los fitosanitarios pueden aplicarse de forma localizada y más eficiente, y reducir, de esta manera, el impacto ambiental. En esta línea, la tecnología dron puede ser una buena herramienta para aplicar de forma eficiente los productos fitosanitarios y minimizar los riesgos asociados, según ha explicado Luis Asín, jefe del programa de Fructicultura de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Por ahora, sin embargo, se considera que la aplicación con drones es una aplicación aérea, al igual que las aplicaciones con avionetas o los helicópteros, razón por la cual están sometidos a una regulación más estricta que las aplicaciones terrestres. El IRTA es uno de los participantes en el grupo operativo estatal Phytodron, que quiere generar datos y conocimiento sobre el uso de los drones como herramienta segura para aplicar productos fitosanitarios en viña, olivo y en el ámbito agroforestal, y avanzar en el marco que regula el uso.

"Se ha demostrado que los drones son más adecuados que otros medios para aplicar productos químicos en parcelas pequeñas, zonas de difícil acceso para algunos vehículos o terrenos montañosos", ha señalado Asín. Sin embargo, todavía hace falta "conocer mejor su efectividad a la hora de aplicar los fitosanitarios, estudiar los diversos métodos de aplicación, los efectos del viento y la velocidad del vehículo, así como evaluar la deriva que está asociada", ha añadido. Para estudiarlo, en el marco del proyecto, este miércoles se ha llevado a cabo el primer estudio de aplicaciones en dron en unos campos de viña a Raimat.

El grupo operativo Phytodron se inició en marzo del 2021 y está previsto que finalice en marzo del 2023. Entre los resultados que se esperan hay que el dron se convierta en una nueva herramienta de aplicación de los fitosanitarios, disminuir el número de solicitudes de tratamientos aéreos de acuerdo con la normativa europea y generar bastante conocimiento porque|para que la aplicación de fitosanitarios con tecnología dron pueda dejar de considerarse un tratamiento aéreo y sea considerada un tratamiento terrestre. "Eso permitirá que se realicen tratamientos en el momento que haga falta, de forma precisa y en el momento adecuado", ha indicado Asín.

Phytodron es un grupo operativo en que hay, además del IRTA, dos centros de investigación más, Neiker y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA-CSIC); tres empresas (BASF, Syngenta y Corteva Agriscience); dos universidades (la Universidad de Sevilla y la Politécnica de Madrid); tres asociaciones de agricultores (DeCoop, Baskegur y la Plataforma Tecnológica del Vino-PTV), la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).