Luz verde al plan para abaratar los carburantes y 'prohibir' despidos

El Consejo de Ministros aprobó ayer el ‘Plan de Respuesta’ al impacto económico de la guerra en Ucrania, que prohíbe los despidos objetivos (indemnizado con 20 días por año trabajado) en las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía. Así lo anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras el Consejo. La primera de las prohibiciones, la de despedir si la empresa ha recurrido a un ERTE, ya se adoptó en la pandemia.

Ahora se añade una nueva prohibición: el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía. Las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas. La ministra advirtió a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, “no hay que despedir” trabajadores.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, criticó la propuesta de la ministra y la emplazó a crear su propia empresa para saber lo que conlleva. La vicepresidenta segunda le recordó que “él ya pactó en nombre de la CEOE” el veto a los despidos durante la pandemia.En este plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania se incluye la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, cuyo objetivo es que esta medida sea efectiva ya desde este mismo viernes, y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses. El Ejecutivo cifra en 1.423 millones de euros la rebaja de 20 céntimos en los combustibles, mientras que los técnicos tributarios estiman que 292 millones corresponde a Catalunya.

Las estaciones de servicio, por su parte, reclaman saber cómo se les devolverá el dinero de la rebaja que adelantan, dado que 15 céntimos corresponden al Gobierno y 5 a las petroleras, una medida que está previsto que entre en vigor el viernes. El Gobierno también decidió ayer limitar en los contratos bilaterales las ganancias de las eléctricas que obtienen beneficios del alto precio del gas en el mercado aunque no lo usen para producir electricidad. El Ejecutivo contempla la movilización 16.000 millones con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO, que se podrá pedir hasta final de año. Este despliegue de recursos públicos tendrá un impacto fiscal “importante” en los presupuestos, según la propia vicepresidenta Calviño, aunque dice que hay margen ante un déficit de 2021 menor del estimado. Los socios de investidura no se opondrán al decreto contra la crisis de Ucrania, aunque lo ven corto.

Las eléctricas no podrán ofrecer nuevos contratos a más de 67€/MWh

Las compañías eléctricas no podrán ofrecer nuevos contratos o renovarlos con precios superiores a 67 euros el MWh. La vicepresidenta tercera del gobierno español, Teresa Ribera, explicó que se refuerza el control de los beneficios extraordinarios de las empresas, que tendrán que asumir la diferencia entre este tope y el coste real, que es superior por la escalada del precio del gas. Es una de las medidas que incluye el plan de choque aprobado ayer en el Consejo de Ministros para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Por otro lado, el Gobierno español también estima que reducirá unos seis euros la factura media mensual con la actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmó que el objetivo del Gobierno español es negociar con la Comisión Europea “el precio más bajo posible” para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad.

Mientras, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró que topar el precio del gas en el mercado mayorista a 30€/MWh es una propuesta avalada técnicamente por los equipos de Unidas Podemos y defendió que el grado de ambición en este campo es un debate que “no se le puede escatimar” a la ciudadanía. La vicepresidenta Nadia Calviño había reprochado horas antes a Podemos esta propuesta y reiteró que estas medidas son “cuestiones muy complejas” y técnicas como para que la formación política diga que le “gustaría tal número” para poner de límite.