Apoyo a la segunda oportunidad

El Congreso aprobó el pasado jueves sin ningún voto en contra la reforma de la ley concursal–que pasará por el Senado los días 19 y 20–, coincidiendo con el fin de la moratoria vigente desde 2020 para paliar los efectos del parón provocado por la pandemia de la Covid-19. El texto, que se prevé que entre en vigor en agosto, busca agilizar el procedimiento concursal y ofrecer alternativas a la liquidación de empresas, así como una mayor utilización de los instrumentos de segunda oportunidad y armonizar requisitos con el resto de la UE.

Respecto a la segunda oportunidad, las exoneraciones previstas en el proyecto de hasta 1.000 euros frente a Hacienda y otros 1.000 euros con la Seguridad Social se elevarán hasta 10.000 euros, con lo que se pretende que autónomos o personas físicas no tengan que liquidar o vender bienes cuando pasan por dificultades. Otro de los puntos clave es el protagonismo que se da a los sistemas de alerta temprana, para lo que se han fijado unos indicadores que avisen a las empresas antes de tener problemas financieros, para que puedan acudir a preconcursos preventivos.

El texto introduce también un procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más rápido, digitalizado y con coste reducido, que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas viables. También se prevé que las pymes puedan acudir al concurso sin que sea obligatorio tener que nombrar a un administrador concursal. Entre las principales novedades destaca que a partir de ahora los trabajadores interesados en la sucesión de una empresa en concurso de acreedores podrán presentar una propuesta de adquisición mediante una sociedad cooperativa, laboral o participada.

Esto permitirá que los trabajadores que no podían acudir al rescate de la sociedad por falta de capital no tengan que esperar a que esté liquidada para capitalizar el desempleo, y les otorga prioridad frente a terceros, cuando la oferta sea igual o superior.

Los concursos se han disparado en Lleida desde el pasado enero

El número de concursos de acreedores presentados en la provincia de Lleida en el primer semestre del año se disparó un 30 por ciento, alcanzando la cifra de 144, según los datos facilitados por el titular de primera instancia número 6 de Lleida, Eduardo Enrech. En concreto, 30 de esos casos se referían a personas físicas y otros 22 a personas jurídicas (empresas) aunque solo cuatro permanecen a día de hoy abiertos, dado que el resto acabaron en liquidación.

El grueso de los casos, con 92, se refiere a personas con actividad empresarial, que es el tipo de casos que más se ha incrementado. Los expertos, por su parte, temen que el fin de la moratoria concedida durante la pandemia y que eximía a las compañías con problemas de insolvencia de solicitar el concurso de acreedores provoque un aluvión de quiebras a partir del mes de septiembre.