Las empleadas del hogar comenzarán a cotizar por desempleo en octubre
Imagen de archivo de una protesta de empleadas del hogar.
El Gobierno ha dado este martes luz verde al real decreto ley que da derecho a desempleo a las empleadas de hogar, que comenzarán a cotizar por ese concepto desde octubre y cuyo importe estará bonificado para los empleadores en un 80%. La norma también limita la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa para las empleadas de hogar, un colectivo feminizado con 373.121 personas afiliadas a la Seguridad Social y que seguía sin tener los mismos derechos que el resto de trabajadores. Las empleadas adquieren desde este 1 de octubre ese derecho a percibir el paro si son despedidas, pero para poder acceder a la prestación contributiva deberán haber estado cotizando por ella durante un año como el resto de asalariados.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que las mujeres trabajadoras del hogar han conquistado "los derechos en sentido pleno" accediendo a partir de ahora a esa prestación por desempleo, así como a las asistenciales cuando no se tiene derecho a la contributiva.
Para los empleadores, en su mayoría familias, la nueva cotización por desempleo fijada en un tipo del 6 % (del que el empleador asume el 5 % y el trabajador el 1 %) y el 0,2 % para el Fogasa supondrá un incremento de la cuota mensual a la Seguridad Social de 31,38 euros en el caso de cotizar por una base de 1.166,7 euros o de 4,49 euros en una de 500 euros, según los datos facilitados por la Seguridad Social.
La Seguridad Social actualizará de forma automática las cuotas que se cargan a los empleadores. Los importes de estas cotizaciones por desempleo y Fogasa estarán bonificados en un 80 % mientras que la de cotización por contingencias comunes tendrá una reducción mínima del 20 % que se podrá ampliar según tipo de familia, niveles de renta y patrimonio. Este punto será desarrollado en un reglamento, para lo que los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social se han dado un plazo de seis meses, ha explicado Díaz.
El decreto también restringe la figura del desistimiento, que permitía el despido sin justificar causa alguna, de forma que queda limitada a determinados supuestos, aún sin detallar este martes, y a partir de ahora el empleador deberá acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato.
Asimismo, incorpora a estas trabajadoras al derecho a la prevención de riesgos laborales, así como al de formación, ha dicho, ya que se trata de un colectivo que cada vez requiere "de mayor especialización, de mujeres más formadas".
EL GOBIERNO CUMPLE CON LA OIT Y LOS SINDICATOS EXIGEN MÁS MEDIDAS
El Gobierno ratificó el pasado mes de junio el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la igualdad de condiciones de trabajo y protección de los empleados domésticos con el resto de trabajadores. Aunque diferentes gobiernos han tenido durante años el objetivo de adherirse a este convenio de la OIT, fue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el pasado mes de marzo, la que obligó a la regulación de la protección social y la dotación de derechos a este colectivo.
El caso hace referencia a la denuncia que presentó una trabajadora del hogar ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, a quien la Tesorería General de la Seguridad Social denegó su solicitud de cotizar para recibir el paro. Desde CCOO y UGT han valorado el avance pero lo ven insuficiente, por ejemplo, en la modificación del despido por desistimiento, en la indemnización por extinción del contrato y la regulación del trabajo nocturno y del trabajo como interna y en la actuación de la Inspección en los hogares.
Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a agosto, el sistema especial de empleados de hogar suma 373.120 trabajadores, de los que la gran mayoría, 356.138 son mujeres. No obstante, esta cifra de afiliados no refleja el total de empleo en un sector donde sigue dándose el trabajo por horas sin dar de alta en la Seguridad Social, pese a estar obligado a ello desde la primera hora de trabajo. Según la última encuesta de población activa (EPA), 545.700 personas estaban ocupadas en el sector doméstico por lo que unas 173.000 seguirán sin protección.
