Escrivá descarta subir a 35 años el período para calcular la pensión

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguró ayer que “en ningún caso” se va a plantear elevar el periodo de computo para el cálculo de la pensión a 35 años, frente a los 25 años vigentes. Los sindicatos rechazan de plano el incremento al considerar que, en la práctica, supondría una rebaja de las futuras prestaciones. En una entrevista en RNE antes de la primera reunión de negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones, Escrivá dijo que se pueden plantear “pequeños ajustes” para poder excluir años o mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización.

En la reunión -a la que asistieron el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y representantes de las patronales Cepyme y CEOE, y los sindicatos CCOO y UGT- no hubo acuerdos concretos y las partes se emplazaron a nuevas necogicaciones. En otra entrevista en TVE, el ministro dijo que el objetivo es lograr un sistema más justo mejorando las pensiones de las personas con carreras irregulares. Así, dijo que la idea es combinar el impacto de tres elementos (el periodo de cómputo, la exclusión de los peores años y la cobertura de las lagunas), algo que discutirá desde ahora con los agentes sociales.Escrivá también abordará con los agentes sociales subidas de la pensión máxima y de la base máxima de cotización algo que quiere hacer de “forma gradual y suave”.

En este caso, es la patronal la que mantiene reticencias a esta reforma.

La reforma prevé poder eliminar los años con cotizaciones más bajas para calcular la pensión

Estos dos hitos, el periodo de cálculo para las pensiones y las bases máximas, son los dos temas centrales de esta nueva fase de la reforma de las pensiones que el Gobierno quiere cerrar con acuerdo antes de final de año para cumplir lo pactado con Bruselas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en su propuesta de limitar el precio de alimentos básicos para proteger a las familias de la subida de la inflación, iniciativa de la que recelan los supermercados al considerar que será ineficaz y puede llevar distorsiones al mercado. El ministerio de Trabajo acogió la primera toma de contacto entre Díaz, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, las asociaciones de consumidores y las patronales de las grandes distribuidoras -Anged, ACES y Asedas-, a las que señalan para hacer “un esfuerzo”, al tratarse de empresas que tienen “márgenes”.

La propuesta de Díaz, que ella considera “absolutamente legal”, se dio a conocer la semana pasada y consiste en que hasta después de Navidad las grandes cadenas ofrezcan ofertas comerciales para garantizar una cesta de la compra saludable y variada a precios congelados, con alternativas también para los celíacos. Díaz salió al paso de la oposición a su iniciativa del pequeño comercio, del que se ha definido como “usuaria y defensora a ultranza” y aseguró que Carrefour, que desde ayer dispone una cesta a 30 euros sin productos frescos, se ha comprometido a estudiar la idea por la que apuestan desde Trabajo y Consumo. Las patronales de la distribución, en cambio, creen que el plan de Díaz puede distorsionar el mercado y, en su lugar, piden la bajada de impuestos como el IVA, abaratar la energía y evitar normativas que impongan costes adicionales.