LABORAL POLÍTICA
Díaz aboga por subir hasta los 1.082 euros mensuales el salario mínimo
Un 8,2 por ciento, y la CEOE alerta de problemas en empresas como las agrarias || Ayudas a entes locales por valor de 60 millones para la reinserción laboral
Yolanda Díaz llegando ayer a un diálogo sobre “Jóvenes, empleo y futuro” en Madrid.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró ayer partidaria de subir este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “hacia el tramo alto” de la recomendación del Comité de Expertos, que incrementaría esta renta mínima un 8,2%, hasta los 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas. Con todo, la ministra no aclaró si el Ejecutivo central tiene intención de convocar esta semana a los agentes sociales para intentar cerrar un trato. La propuesta de los expertos, que el Gobierno presentó en diciembre a los agentes sociales, plantea una horquilla de subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023.
CCOO se decanta por la parte alta de esa banda, los 1.082 euros, con la posibilidad de ampliarlo a 1.100 euros, cifra por la que aboga UGT. La patronal, por su parte, remitió un documento en el que proponía un alza del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos en 14 pagas. Precisamente ayer, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que “no todas las empresas van bien” o pueden afrontar una subida tan grande como la que defiende Díaz, como el caso de las agrarias.
Garamendi aprovechó también para criticar que algunos impuestos planteados para la transición ecológica tienen como objetivo “la recaudación”, como el recién estrenado gravamen sobre los envases de plástico, que aseguró que “es un golpe muy importante para un sector como la alimentación”. Los agentes sociales, no obstante, solo tienen un papel consultivo y la decisión final debe tomarla el Gobierno, que por ahora ha prorrogado el SMI de 2022, de 1.000 euros brutos en 14 pagas, hasta que se fije la cantidad para este ejercicio. Por otro lado, el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha destinado 60 millones de euros con el objetivo de reinsertar en el mercado laboral a personas con dificultad para encontrar empleo.
La ayuda está enfocada a mayores de 52 años, destinatarios de la Renta Garantizada, parados de larga duración, mujeres vulnerables y personas trans. Los beneficiarios serán contratados durante un año a jornada completa –a través del SOC– y recibirán formación y acompañamiento.
