Hacienda sube gracias a la inflación un 10,6% sus ingresos en Lleida

Los contribuyentes leridanos pagaron el año pasado a la Agencia Tributaria estatal un total de 1.183 millones de euros, una cifra que representa un incremento del 10,6% con respecto a 2021, cuando fueron 1.070 millones. Así consta en el último balance de la AEAT que acababa de hacer público. El aumento es inferior al registrado en el conjunto del Estado, donde alcanza el 14,4%.

A la hora de explicar esta evolución hay que tener muy en cuenta la elevada inflación, que se ha traducido en unos ingresos para el fisco muy por encima de sus previsiones. De hecho, en un informe reciente, el Banco de España sitúa en el 46% el peso de la inflación en la mejora de los ingresos fiscales observada tras la pandemia (2021 y 2022). En el caso de este 2022 calcula por encima de la mitad el impacto de las subidas de precios en la mejora recaudatoria, el doble de lo estimado por la Agencia Tributaria.

Teniendo en cuenta este porcentaje y aplicado a la provincia de Lleida, estaríamos hablando de casi 52 millones de euros. Por una parte, los consumidores pagan de más por los bienes y servicios que adquieren o contratan. Por otra, los asalariados tributan de más por las subidas salariales realizadas para compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación.

Además, hay que tener en cuenta el aumento nominal de los beneficios empresariales que se produce por los incrementos de precios derivados del aumento de los costes de producción de las empresas.La partida que más ha crecido en Lleida el año pasado es la derivada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que ha pasado de poco más de 493 a 622 millones de euros. Estamos hablando de un aumento del 26,1%, muy por encima de la que sería la conjunción de la mejora del empleo y los salarios, cuya revalorización se ha quedado muy por debajo de los precios. En el caso del Impuesto de Sociedades, el aumento es de un 11,1% hasta rozar los 233 millones.

En el IVA, sin embargo, llama la atención un retroceso de los ingresos del fisco, sin alcanzar los 314 millones (-8%), mientras crece un 13,9% en España. Las administraciones públicas españolas cerraron 2022 con un déficit del 4,8% del PIB, por debajo de la referencia fijada por el Gobierno (5% del PIB) gracias al impulso de la recaudación, que registró un máximo histórico de 255.463 millones de euros, un 14,4% más. El déficit público acumulado en 2022 se situó en 63.776 millones de euros, un 23% menos y un 4,8% del PIB, por debajo de la tasa de 2021 (6,9% del PIB) y de la referencia del Gobierno para el año (5% del PIB), aunque por encima de las previsiones de organismos como la AIReF (4,5%) o el Banco de España (4,6%).

Detrás de esta buena evolución de las cuentas públicas está la marcha de la recaudación, que batió el récord de 2021 (223.385 millones) y superó tanto las previsiones recogidas en los Presupuestos de 2023 (232.352 millones) como en el plan presupuestario remitido a Bruselas en octubre (244.072 millones). El alza de los ingresos -que en términos totales ascendieron a 277.552 millones, un 18,6% más, se debe al efecto de la buena evolución de la economía y el empleo en los impuestos, ya que la inflación “explica solo una tercera parte del incremento de la recaudación” tributaria, según la explicación de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.Por lo que respecta al gasto público, se situó en 318.610 millones, un 3,6% más, del que más de la mitad fueron pagos a otras administraciones (165.732 millones), con importantes subidas en las partidas de ayudas y subvenciones (141%), transferencias sociales en especie (33%), inversión (13,2%) o consumos intermedios (25%).Como es habitual, la mayor parte del déficit público se concentró en la administración central, que registró un déficit de 41.058 millones, un 3,1 % del PIB, tres puntos menos que en 2021.Las comunidades autónomas registraron un déficit de 15.085 millones, casi el triple que un año antes (630 millones) y un 1,1 % del PIB, debido al efecto contable de la liquidación del ejercicio 2020, que ha sido compensado por el Estado. En el caso de Catalunya son 3.816 millones, un 1,51% del PIB