El 27% de la población de Lleida percibe alguna prestación de la Seguridad Social

Más del 27% de los leridanos perciben algún tipo de prestación de la Seguridad Social, con las pensiones contributivas como el gran pilar, seguido de las ayudas a las personas desempleadas. Así se desprende del último informe oficial con datos de finales del año pasado y que acaba de hacer público el ministerio que dirige José Luis Escribá. En concreto, cifra el número de beneficiarios en 120.082 con unos importes en prestaciones que se acercan a los 119 millones de euros mensuales.

El grueso corresponde a las pensiones contributivas, que cifra en 101.063, lo que supone un 22,98% de la población, según el informe cerrado con datos de noviembre pasado. Supone un incremento de un 0,6% en los últimos doce meses, pero el coste de estas prestaciones ha aumentado en ese mismo período un 6,4%. Se explica porque las nuevas pensiones son claramente superiores a las que causan baja en el sistema.

Esta partida representó en el mes analizado 98,78 millones de euros. La Seguridad Social calcula que estas pensiones representan 224,64 euros por cada uno de los ciudadanos de la demarcación. Las de jubilación son las más importante tanto en número, 63.075, como en importe global, más de 70 millones de euros mensuales. Le siguen muy de lejos las de viudedad (24.204) y las de incapacidad permanente (10.489).

Las pensiones no contributivas, las que dependen del Imserso, son apenas 3.594 y representan poco más de 3,5 millones para las arcas públicas. Estas pensiones se reconocen a aquellos ciudadanos que carezcan de recursos suficientes para su subsistencia pese a que no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo y pueden ser de jubilación o de invalidez.

Pero el segundo gran grupo de prestaciones de protección de la Seguridad Social corresponde a las de desempleo. En la demarcación de Lleida fueron 13.707 en noviembre pasado, lo que supone prácticamente el 75% de las personas que estaban inscritas en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Representan un importe global de 15,36 millones de euros. La mayoría de estas prestaciones son las llamadas contributivas.

Para cobrarlas es necesario haber cotizado al menos 360 días en los seis años antes de quedarse en paro. El tiempo de ayuda depende del tiempo cotizado. La prestación asistencial requiere menor cotización y depende de las cargas familiares.

“En pandemia hicimos lo más justo para las familias”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido en una interpelación en el Senado las prestaciones de su cartera durante la pandemia y la guerra en Ucrania para hacer la vida más fácil a las familias.

“Optamos por poner en marcha todas estas medidas y lo hicimos porque la vida hubiera sido infinitamente más dura para millones de familias de este país como resultado de la crisis derivada de la pandemia y de la crisis energética tras la invasión de Ucrania. No elegimos el camino más fácil, sino el más justo”, dijo en respuesta a la senadora del PP María Mercedes Fernández.

El ministro se refirió a medidas el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el despliegue de los ERTE, las prestaciones para autónomos, la ampliación del permiso de nacimiento o el mecanismo RED.

Escrivá ha admitido que no haberlas puesto en marcha habría ahorrado “millones y millones de consultas” a la Seguridad Social y habría hecho “más fácil la gestión administrativa”, pero en su lugar el Gobierno optó por el camino “justo” en unos momentos especialmente difíciles.