“¡No podemos seguir sin cobrar!”

Una cuarentena de personas, la mayoría empleados, se concentraron ayer a las puertas de las instalaciones del Matadero de conejos Figuera de Agramunt al grito de “Volem cobrar” para denunciar que la plantilla lleva sin cobrar desde el pasado mes de marzo. Asimismo reclamaron la asignación de un juez y un administrador al concurso de acreedores voluntario que presentó la compañía en Barcelona, donde tiene la sede social. Xavier Perelló, secretario general de la UGT de les Terres de Lleida, calificó la situación de “barbarie” ya que “esta gente está sin cobrar, sin poder apuntarse al paro y sin poder trabajar en otro sitio”.

Y es que la plantilla se encuentra en un “permiso retribuido” desde que se presentó el concurso. Esta situación afecta a una treintena de familias, por eso Perelló urgió “a la empresa o a la Generalitat que den la cara y presionen para que el decanato adjudique un juez al caso”. Si bien defendió el derecho a huelga (en referencia a las convocadas en la justicia), añadió que “no pueden dejar que esta gente se muera de hambre” y advirtió de que si la situación no se desbloquea llevarán a cabo “medidas más drásticas”.

Uno de los empleados del matadero, Said, que llevaba 18 años en la empresa, relató a este diario que “la situación es insostenible, no hemos recibido ni un duro desde febrero y tenemos familia”. Otro de los trabajadores, Carlos, atribuyó a peleas entre los administradores de la empresa, que son los hijos del propietario, el cierre del matadero. Reconoció que la crisis del sector del conejo les afectó pero “abocaron la empresa al cierre y además lo hicieron todo en tan solo una semana”.

En este sentido, lamentó que “al presentar concurso quedamos desamparados por la ley ya que si vamos a buscar otro trabajo, perdemos el derecho a la indemnización por despido”.La alcaldesa de Agramunt en funciones, Sílvia Fernàndez, que mostró su apoyo a la plantilla, destacó que desde marzo han doblado las familias atendidas desde Servicios Sociales, pasando de 20 a 40. También han asesorado legalmente a los afectados.