El agravio del déficit fiscal

La economía catalana crecerá este 2023, por tercer año consecutivo, por encima de la media del Estado, espoleada por el sector servicios y en especial por el turismo, además de por las exportaciones. Catalunya se muestra así como motor de la economía, a pesar de uno de los grandes problemas que debe afrontar: el déficit fiscal. Estamos hablando de lo que Catalunya aporta al conjunto del Estado y lo que regresa de nuevo al territorio.

Los últimos cálculos oficiales los presentó por parte de la Generalitat el entonces conseller de Economía de Junts, Jaume Giró, quien lo calculó en 20.200 millones de euros en el año 2019. Es una cifra que no reconocen desde Moncloa y cuyo cálculo en realidad es una estimación. Según la metodología del flujo monetario, que refleja el gasto efectivo que hace el sector público central y mide el impacto económico de la actividad del Estado sobre Catalunya, el déficit fiscal en 2019 fue de 20.196 millones de euros, lo que se traduce en un 8,5% del PIB catalán.

Mientras que Catalunya aportó el 19,6% del total de ingresos del sector público central, recibió el 13,4% del gasto. Estos resultados forman parte de una aproximación de la balanza fiscal para 2019, ya que desde la conselleria se apuntó que “el Estado los últimos años no ha pasado la información que remitía habitualmente”. Para hacerse una idea de lo que representa el déficit fiscal, Giró explicó que representa el 52% del Presupuesto de la Generalitat y equivale a los de sanidad, educación y derechos sociales del pasado año.

El líder del PSC, Salvador Illa, negó en una entrevista a SEGRE ese déficit de más de 20.000 millones, aunque admitió que es necesario revisar el sistema de financiación autonómica. El actual está pendiente de su reforma y actualización desde hace una década. Primero se paralizó el proceso por la crisis económica, después llegó la pandemia y se priorizó luchar contra sus consecuencias sobre la economía.

Pese a que hace apenas unas semanas se celebraron los comicios locales y autonómicos en buena parte del territorio estatal, la reforma del sistema de financiación no fue ni de lejos uno de los centros de atención de la campaña. Los últimos datos de la Agencia Tributaria española ponen de manifiesto que la elevada inflación está permitiendo incrementar los ingresos de Hacienda. Los contribuyentes leridanos pagaron el año pasado a la Agencia Tributaria estatal un total de 1.183 millones de euros, una cifra que representa un incremento del 10,6% con respecto a 2021, cuando fueron 1.070 millones.

El aumento es inferior al registrado en el conjunto del Estado, donde alcanza el 14,4%. A la hora de explicar esta evolución hay que tener muy en cuenta la elevada inflación, que se ha traducido en unos ingresos para el fisco muy por encima de sus previsiones. De hecho, en un informe reciente, el Banco de España sitúa en el 46% el peso de la inflación en la mejora de los ingresos fiscales observada tras la pandemia (2021 y 2022).

En el caso de este 2022 calcula por encima de la mitad el impacto de las subidas de precios en la mejora recaudatoria, el doble de lo estimado por la Agencia Tributaria. Teniendo en cuenta este porcentaje y aplicado a la provincia de Lleida, estaríamos hablando de casi 52 millones de euros. Estos son datos del fisco estatal, porque la Agència Tributària de Catalunya no ofrece información por demarcaciones.

Inversiones pendientes por valor de 40.000 millones, según Foment

Las reclamaciones económicas desde Catalunya al Estado tienen dos grandes pilares. Por una parte está el déficit fiscal y, por otra, el retraso multimillonario en inversiones. La patronal Foment del Treball ha actualizado sus datos sobre déficit de inversión e infradotación de inversión pública del conjunto de las instituciones públicas en Catalunya: 40.000 millones de euros.

Esta cifra sale de la menor dotación que desde 2009 sufre la economía catalana por el conjunto de administraciones. La gran patronal catalana pide “enderezar la situación y no hacer pagar la reducción de este gasto público presionando y reduciendo de manera tan intensa la inversión pública como se ha hecho en el último periodo”. Reclama una inversión recurrente equivalente al 2,2% del PIB, basada en una “planificación realista y que se ejecute en el tiempo y forma planificada”.

Para visualizar lo que podría haber representado la carencia de inversión, plantea a modo de ejemplo un conjunto de simulaciones que indican qué hubiera sucedido solo con el mismo nivel de inversión pública que se ha dado en los principales países de la UE de media. Asegura, por ejemplo, que si se hubiera hecho una inversión adicional de 10.000 millones durante los últimos años, y teniendo en cuenta la potencialidad de la colaboración públicoprivada, se podría haber construido una infraestructura de energía fotovoltaica y eólica muy próxima a la necesaria de cara a lograr los objetivos marcados para el año 2030.