200 pymes de Lleida deben tener un canal de denuncias

Quedan menos de tres meses para que finalice el plazo que establece la Ley de Protección de Informantes en España, que obliga a las empresas de entre 50 y 250 empleados a implantar canales de denuncia efectivos. Se trata de una medida que afecta a 21.400 pequeñas y medianas empresas (pymes) en España, de las que 204 corresponden a las comarcas de Lleida, y que está transformando el panorama de cumplimiento no solo a nivel estatal, sino también europeo, explica la empresa EQS Group.

Para abordar esta demanda creciente, se han desarrollado soluciones simplificadas y adaptadas a las pymes en España, siguiendo el ejemplo de lo que ya se ha implementado en Portugal, donde la legislación se adelantó un año, y ha servido como marco de referencia valioso para las empresas de españolas. De este modo, España autorizó la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante (AIPE), una entidad que desempeñará un papel fundamental en la implementación y supervisión de la ley. Entre los aspectos que deberán tener en cuenta las empresas destaca la necesidad de formación al personal de recursos humanos. Deberá contar con todas las herramientas para aplicar los códigos de conducta de la compañía, pueda gestionar las infracciones y alertar de posibles sanciones. Este personal deberá conocer los requisitos que incluye la ley. Por ejemplo, todas las empresas tienen que contar con una política interna de protección de los informantes, así como disponer de un procedimiento de gestión de las denuncias recibidas, aprobado por el órgano de administración. Carecer del sistema interno de información que puede constituir en una sanción económica en función de si se considera infracción grave 600.001 euros o muy grave un millón para las personas jurídicas. Un aspecto a tener en cuenta es que las empresas deben disponer de un canal de denuncias que garantice la confidencialidad. Por ello, la opción que cada vez coge más fuerza son los canales de denuncia digitales para facilitar el seguimiento de los casos y garantizar anonimato.