El 23% de los trabajadores leridanos no llega a final de mes, alerta UGT

UGT de Lleida denunció ayer que el incremento de los precios de los últimos años ha hecho aumentar la precariedad laboral y calculó que entre un 20 y un 23 por ciento de los trabajadores leridanos tienen sueldos inferiores a los 1.100 euros y no llegan a final de mes. Esta situación afecta sobre todo a jóvenes, mayores de 55 años y a las mujeres y a aquellos que se dedican al mundo de la hostelería, el comercio y el sector agrario.

Así lo dijo el secretario general del sindicato, José Luis Aguilá, durante un desayuno con los medios de comunicación de la provincia donde reclamó un incremento de los salarios por encima del 5 por ciento para poder “equilibrar” la balanza entre los sueldos y el coste de la vida. En este sentido, lamentó que en los últimos años se haya ido normalizando situaciones que no lo son, como la dificultad para firmar convenios que incluyan revalorizaciones salariales superior a un 2 o 3 por ciento o el hecho de que haya empresarios que, para evitar pagar el salario mínimo a sus trabajadores, les han cambiado las jornadas completas por jornadas parciales del 80 y 90%, dijo. Aguilá, recordó a los empresarios que apostar por subir los sueldos es hacerlo también por mantener viva la economía de la demarcación. “Si damos riqueza a nuestras plantillas, podrán gastar, lo que repercute después en la riqueza del territorio”, aseveró. Para que esto pueda seguir siendo así, no obstante, también exigió a las administraciones que “arrimen el hombro” y que inviertan en dinamizar la industria leridana y en políticas activas de ocupación. “No podemos permitir que haya 17.000 personas en paro”, señaló. Aparte de los salarios bajos, el secretario general de UGT en Lleida también criticó la “normalización en los últimos meses de situaciones que se deberían considerar anómalas”, como pueden ser “tratos nefastos” hacia los trabajadores por parte de empresarios o la obligatoriedad de trabajar en períodos festivos con “jornadas maratonianas” que imposibilitan la conciliación familiar, como es el caso del comercio y otros sectores como la hostelería o las residencias para personas mayores. Para cambiar esta situación, afirmó que la UGT apuesta por un “cambio de mentalidad” que pase por instaurar la jornada laboral de 32 horas semanales. Aunque Aguilá reconoció que este planteamiento no es posible aplicarlo en todos los sectores, dijo que se tiene que estudiar la manera.