La Generalitat detecta irregularidades en 7 de cada 10 empresas inspeccionadas por el Black Friday

La Generalitat ha detectado posibles incumplimientos de la normativa de precios en el 71% de las empresas inspeccionadas durante la campaña de descuentos del Black Friday. La Agència Catalana del Consum y la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa han inspeccionado 55 empresas del sector de la electrónica de consumo y de artículos para el hogar, tanto con tienda física como en canal de venta por internet, analizando y haciendo el seguimiento de precios de 440 productos. 

La mayoría de los incumplimientos detectados están relacionados con alteraciones de precios en las ofertas de los productos, ya sea por no indicar de manera clara la reducción del precio y no informar del precio normal o habitual.

La monitorización de precios se inició un mes antes y se prolongó hasta el mismo día del Black Friday, que coincidió con el 24 de noviembre. El Govern ha recordado que la norma obliga a que el precio original sobre el cual se hace la rebaja sea el más bajo que ha tenido el producto en aquel mismo establecimiento en los treinta días anteriores a la promoción o a informar de la duración de las ofertas.

Les actuaciones que contravengan la normativa sobre comercio pueden recibir sanciones de hasta 20.000 euros, mientras que aquellas incidencias que vulneren los derechos de las personas consumidoras pueden implicar multas de entre 10.001 y 100.000 euros.

La de este año es la segunda tanda de inspecciones que realiza el Govern para controlar las ofertas de la campaña de descuentos heredada de los Estados Unidos. La Generalitat también ha aprovechado para hacer balance del 2022. En total, Empresa y Trabajo abrió 47 expedientes sancionadores, 38 de los cuales por infracciones en materia de competencia desleal, que se han resuelto con un importe global de 429.000 euros.

Con respecto a Consum, sacó adelante expedientes sancionadores en 9 empresas para constatar conductos infractoras según la normativa relativa a la protección de las personas consumidoras en materia de indicación de precios. Los expedientes de Consum, que se encuentran en tramitación, podrían acumular sanciones por un importe total superior a los 500.000 euros.