Más de 7.800 leridanos con salarios altos cotizarán más para financiar las pensiones

Los salarios altos, aquellos que superan los 56.600 euros anuales, deberán afrontar el próximo año la llamada cuota de solidaridad para garantizar la financiación de las pensiones. Esta reforma afectará a más de 7.800 leridanos, según los últimos datos oficiales de salarios de la Agencia Tributaria. 

Con datos de 2022, hay 2.327 personas con ingresos salariales medios de 59.236 euros, otros 1.564 contribuyentes en la provincia declaran un promedio de 66.327 euros, a los que se suma otro grupo de 3.069 con salarios medios de 83.064. Otros 571 ganan de media 118.767. 

Por último, hay un selecto grupo de 305 leridanos que cuenta con los sueldos anuales medios más altos de la provincia, de 201.170 euros. El Gobierno ha aprobado el reglamento para aplicar esa cuota de solidaridad, que se aplicará a la parte de salario que en la actualidad no cotiza a la Seguridad Social porque supera la base máxima. Pero ese incremento no supondrá que las personas con estos salarios altos mejoren su pensión futura.

La medida se desplegará gradualmente y la cotización será de alrededor de un 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar en general a cerca del 6% en 2045. En ese año, esa tasa se repartirá en un 5% a cargo de la empresa y un 1% a cargo del trabajador. 

Según la reforma de las pensiones aprobada hace un año, esta cuota se aplicará por tramos salariales. Al final de ese periodo, el tipo de cotización será del 5,5% para los que tengan un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más; del 6% para los salarios que superen la base máxima entre un 10% y un 50%; y del 7% cuando sobrepase la base máxima en un 50%. Esta cuota de solidaridad no se aplicará a los trabajadores autónomos.

Foment del Treball cree que es un nuevo “impuesto a la contratación”

La patronal Foment del Treball ha arremetido contra la cuota de solidaridad porque, según su valoración, “exigirá una contribución extra al sistema que crecerá exponencialmente y supone de facto un impuesto a la contratación y al mantenimiento del empleo”. 

Esta tasa, ideada en el marco de la reforma de las pensiones del 2023, “provocará que la parte del salario que se encuentra por encima de la base máxima de cotización (que hasta ahora estaba exenta de cotizar) sea gravada con tipos impositivos diferentes en función del nivel de ingresos”, añade la organización empresarial. 

En esta línea, Foment “censura este incremento de los costos laborales y reclama al Gobierno central medidas para facilitar la situación de las empresas y no dificultar la contratación y el mantenimiento del empleo”. Advierte, además, que el incremento de costes es especialmente difícil para las pymes.