La incapacidad permanente deja de ser una causa de despido automática

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto-ley por el que se reforma el subsidio asistencial por desempleo, dando así cumplimiento a uno de los hitos asociados al cuarto pago de los fondos europeos. También dio luz verde a la norma que elimina el supuesto de despido automático en el caso de invalidez permanente y la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez prometió al PNV en el acuerdo de investidura.

Entre los principales cambios de la reforma del subsidio, están elevar la cuantía, que subirá los primeros seis meses al 95% del Iprem (de 480 a unos 570 euros mensuales). Se amplia el acceso, entre otros, a menores de 45 años sin responsabilidades familiares, trabajadores eventuales agrarios, a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados. Fija también que se podrá compatibilizar con un trabajo por un periodo máximo de 180 días. A partir de 2025 se ampliará a la prestación contributiva, siempre que el salario bruto mensual no supere los 2.250 euros al mes (375% del Iprem), según informó Europa Press citando fuentes gubernamentales. Anteriormente se especificaba que esta cuantía no podía superar los 1.350 euros mensuales (225% del Iprem).En cuanto a la prohibición del despido automático por incapacidad, lo que se ha hecho es, explicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “modificar el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para evitar sufrir una discapacidad de carácter permanente lleve consigo la extinción automática de la relación laboral”. Así, estos trabajadores podrán elegir “si quiere que su relación laboral se extinga o seguir”. En este caso, la normativa obliga a las empresas a realizar los ajustes que permitan que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo.Por otro lado, el Ejecutivo ha dictado ya las directrices para que la Administración pueda realizar planes de reestructuración para ajustar y modificar los puestos de trabajo de los funcionarios para mejorar la productividad o evitar que determinadas áreas de servicio pierdan eficiencia. Este plan ya estaba contemplado en la reforma de la Administración pública aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre para simplificar y digitalizar procesos.