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Europa impondrá aranceles del 25% a los coches eléctricos chinos

Un cargador para vehículos eléctricos.Eduardo Parra / Europa Press

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Los aranceles que la Unión Europea impondrá a las importaciones de vehículos eléctricos de batería (BEV) rondarían el 25%, lo que generaría más de 2.000 millones de euros al año en recaudación al bloque, según detalla una noticia publicada este miércoles por el diario británico Financial Times. Así, la UE avanza con su plan de imponer aranceles a las importaciones de automóviles eléctricos producidos en China pese a las advertencias de Estados miembro como Alemania, cuyo canciller, Olaf Scholz, advertía del riesgo de comenzar una guerra comercial con Pekín. Según la misma publicación, la Comisión Europea notificará a los fabricantes de automóviles este miércoles que aplicará provisionalmente aranceles adicionales de hasta el 25% a los vehículos eléctricos chinos importados a partir del próximo mes, según personas familiarizadas con la decisión citadas por el diario. Bruselas sostiene que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se benefician de subsidios que socavan a sus rivales europeos.

Estos aranceles, por otro lado, son defendidos por países como Francia y España, y se espera que recauden "miles de millones de euros anualmente" para el presupuesto de la UE a medida que crezcan las ventas de vehículos eléctricos chinos en Europa. El diario británico destaca que Pekín ya ha advertido de que tomará represalias para persuadir a los países de la UE para que se opongan a los nuevos aranceles, que se sumarían a los aranceles existentes del 10% en el bloque. De su lado, China ya está aplicando un arancel del 15% a los vehículos eléctricos europeos. Mientras tanto, Alemania, Suecia y Hungría han dicho que no aprueban la medida por temor a represalias chinas, señala el rotativo.

Estos aranceles quedaría muy por debajo del 100% que el mes pasado anunció Estados Unidos para las importaciones de vehículos eléctricos que llegaran a su país. El Gobierno de Joe Biden informó de que estos impuestos pasarían del 25% al 100% cuadruplicándose así su recaudación.

A la espera del resultado de la investigación

El pasado marzo, la Comisión Europea anunció que estudiaría si impone aranceles con carácter retroactivo a los fabricantes de automóviles de batería eléctrica procedentes de China tras observar importaciones "masivas" de casi 200.000 vehículos entre octubre de 2023 y enero de 2024, según confirmó un portavoz a Europa Press. Esto representaba un incremento del 11% en comparación con el período de octubre de 2022 a septiembre de 2023, en términos de media mensual, y del 14% en comparación con el período equivalente entre octubre de 2022 y enero de 2023. Además, las pruebas de las que dispone Bruselas en esta etapa parecen indicar que las exportaciones del producto afectado se benefician de subvenciones sujetas a medidas compensatorias, lo que puede causar un "perjuicio difícil de reparar" para la UE. A raíz de esta anomalía, el Ejecutivo comunitario decidió, a través de un reglamento de ejecución, registrar desde este miércoles las importaciones de nuevos vehículos eléctricos de batería para pasajeros procedentes de China, en consonancia con las normas establecidas en el reglamento antisubvenciones de la UE.

Este registro permitirá a las aduanas seguir la pista de importaciones específicas tras el inicio de la correspondiente investigación de defensa comercial. Su objetivo es permitir la percepción retroactiva de derechos compensatorios, en caso de que se impongan y se cumplan las condiciones una vez finalizada la investigación, ya que el registro no prejuzga su resultado.

Según el texto del reglamento, la Comisión ha constatado que "existe el riesgo de que un número creciente de productores de la Unión se vea afectado por la disminución del volumen de ventas y unos niveles de producción reducidos si el nivel de las importaciones a precios supuestamente subvencionados procedentes de China se mantiene como hasta ahora tras el inicio de la investigación". "Queda claro que el riesgo repercutirá negativamente en el empleo y en el rendimiento general de los productores de la Unión. Esto constituiría un perjuicio difícil de reparar", señala el documento.

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