ESTUDIOS SITUACIÓN ECONÓMICA
Impulsar el sector agro, el principal reto para Lleida
Señalan la mitad de los economistas de la provincia en una encuesta
La gestión de la inmigración, en el segundo puesto
El 48,5% de los economistas de la demarcación de Lleida considera que el principal reto a lograr en los próximos años es la mejora de las condiciones para el desarrollo del sector agroalimentario, como segundo reto con un 45,5% destaca la gestión de la inmigración y en tercera posición, con el 18,2% la cohesión territorial. Así lo demuestran los resultados de la encuesta sobre la situación económica de primavera 2024 llevada a cabo por el Col·legi d’Economistes de Catalunya y presentada ayer en Barcelona. En cuarta posición se sitúa la movilidad (15,2%), que empata con el planteamiento territorial y urbanístico (15,2%). A continuación se sitúan la transición energética y el cambio climático, la estrategia económica y el acceso a la vivienda, todos con un 12,1 por ciento. La encuesta, realizada entre el 23 de mayo y el 7 de junio, la respondieron unos 550 economistas de toda Catalunya, un 6,1% de ellos de Lleida, a los que se les preguntó sobre estas ocho cuestiones relevantes en la provincia.
En el conjunto de Catalunya el déficit fiscal con el Estado es el tema que más inquieta a los encuestados, siendo la principal preocupación del 51,8%. Las infraestructuras y las comunicaciones escalan al segundo lugar, con un 40,3%. Mientras que el tercer puesto lo ocupa la situación política, con un 39%, seguida de la carencia de reformas estructurales y la baja productividad, con un 34,9% y un 27,6% respectivamente. No obstante, la sequía, que lideró el ranking en la encuesta pasada– llevada a cabo en invierno– , ocupa en la primavera el séptimo lugar con el 15,7%.Tras las elecciones del Parlament, la encuesta preguntó por las prioridades que tiene que afrontar el próximo Govern. En materia de financiación, el 71,4% considera necesario reformar profundamente el actual modelo de financiación autonómica. El 63,3% opina indispensable hacer un seguimiento esmerado del grado de ejecución de las inversiones públicas y el 52,6% reformar las administraciones públicas.