Ampliados los derechos de las 1.760 leridanas trabajadoras del hogar

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto con el que se pretende dotar de seguridad y aumentar los derechos de las 1.760 personas que trabajan como empleadas del hogar en la provincia de Lleida, más de un 90% de ellas mujeres, y que incluye, entre otros derechos, reconocimientos médicos periódicos gratuitos o el derecho a la formación, durante la jornada laboral, por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE). Esta nueva norma afectará en total a las más de 367.900 personas afiliadas en el sistema especial de empleadas de hogar.

“Estamos hablando de las invisibles, estamos hablando de las mujeres que sostienen nuestras vidas, que nos cuidan, que forman parte de nuestras familias y que hasta hace muy poquito en España carecían de derechos”, enfatizó enfatizado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la presentación de la norma.Entre los nuevos derechos que tendrán a partir de ahora, las personas trabajadoras del hogar están el de la vigilancia de su estado de salud, lo que incluye un examen médico adecuado que tenga en cuenta los riesgos laborales identificados en la evaluación. El reconocimiento médico, que se promoverá dentro de la cartera de servicios del sistema nacional de salud sin coste alguno para las personas empleadoras, tendrá una periodicidad trienal y será voluntario y único, aunque se trabaje en varios domicilios. Por su parte, el servicio público de empleo (SEPE) proporcionará una herramienta gratuita para la formación obligatoria sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar, que solo se realizará una vez aunque se preste servicio en varias casas, y se hará dentro del horario de trabajo o se compensará con tiempo de descanso. El empleador deberá asumir la provisión gratuita de “los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones” y los repondrán cuando resulte preciso. Además, tendrá que analizar los riesgos que pudieran darse para el desarrollo del trabajo de sus empleadas en el hogar a través de una herramienta gratuita elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se elaborará un protocolo en caso de acoso en el plazo de un año.Así las cosas, y según los plazos fijados en la norma para la elaboración de las herramientas necesarias para su funcionamiento, su entrada en vigor de manera completa no se dará hasta enero del 2026.