Luis Planas: «El ministerio invertirá 105 millones en riegos en Lleida»

¿Qué opinión le merece el anuncio de Ursula Von der Leyen de que estudiará dar más ayudas a las explotaciones en la próxima reforma de la PAC?

La negociación del nuevo marco financiero comunitario va a ser uno de los principales asuntos a los que se va a enfrentar la Comisión Europea, cuya composición anunció hace unos días la presidenta Von der Leyen. En este periodo hay que diseñar la PAC post 2028. Aún no sabemos nada sobre los fondos que estarán disponibles y habrá que dotarla suficientemente para que pueda seguir cumpliendo su función de dar estabilidad y seguridad a los agricultores y ganaderos, justo en un momento, en el que se quiere apostar por la autonomía alimentaria para garantizar un abastecimiento suficiente y de calidad a toda la población comunitaria. Los esfuerzos que les pedimos deben tener finalmente una remuneración adecuada para que las explotaciones sean rentables y viables. Desde el Gobierno saludamos la iniciativa de Von der Leyen de abrir el diálogo estratégico sobre la agricultura en la UE y de que, por fin, se dé protagonismo a los agricultores y ganaderos en el proceso de diseño y toma de decisiones sobre las políticas agrarias.

¿Cuáles serán los pilares de la ley de agricultura familiar que promueve su ministerio?

Tenemos el compromiso de presentar a las Cortes en esta legislatura un proyecto de ley de agricultura familiar, que permita priorizar e impulsar este modelo que es el mayoritario en España y que queremos que sea el futuro. La agricultura familiar desempeña una función estratégica en nuestro sistema agroalimentario. Contribuye a la seguridad alimentaria y ofrece alternativas de empleo y oportunidades para la población de nuestras zonas rurales. Es clave para el desarrollo socioeconómico de estos territorios. El ministerio de Agricultura trabaja en el contenido de esta futura norma. Incluirá medidas específicas relativas a las explotaciones familiares, a favor de los jóvenes y el relevo generacional y reconocerá el papel fundamental que desempeñan las mujeres en nuestra producción agroalimentaria y en el desarrollo integral de las zonas rurales.

Los agricultores reclaman cambios en los seguros que consideran que no se adecuan a las necesidades, con especial queja sobre las penalizaciones en caso de fincas de frutales que han tenido siniestros en los últimos años. ¿Qué se puede hacer al respecto?

El sistema de seguros agrarios está en permanente revisión en las múltiples reuniones cada año para cada línea, con la participación de todas las partes implicadas, incluidos los representantes de los agricultores. Resulta imprescindible garantizar la viabilidad del sistema para que el sector agrario pueda continuar disponiendo de esta importante herramienta de gestión del riesgo. Para ello, es necesario adoptar medidas con el fin de evitar que un número muy reducido de asegurados que presentan una alta y reiterada siniestralidad pongan en riesgo la estabilidad del sistema, lo que perjudica a la gran mayoría de asegurados, cuya siniestralidad se encuentra dentro de parámetros razonables por el seguro.

¿Qué ofrece el ministerio para la modernización de regadíos en Lleida?

El Gobierno de España se encuentra inmerso en el más ambicioso plan de modernización de regadíos sostenibles de la historia, con más de 2.400 millones de euros de inversión hasta 2027. Dentro de este conjunto, el capítulo más importante es el programa de actuaciones incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con más de 1.330 millones de inversión público-privada. Este plan contempla 8 actuaciones en Catalunya con una inversión total de 140,8 millones de euros. De estas actuaciones, 6 corresponden a la provincia de Lleida, con 105 millones de euros de inversión. En estas inversiones apostamos por el uso eficiente del agua y la incorporación de fuentes de energía renovables y sistemas de control y digitalización de nuestros regadíos.

Agricultores y ganaderos insisten en que la ley de la Cadena Alimentaria no se cumple y que en demasiadas ocasiones se ven forzados a vender por debajo de costes. ¿Qué hace falta para que realmente se cumpla? 

La ley, en vigor desde diciembre de 2021, supone un cambio en la cultura de la negociación comercial de los productos. La ley está teniendo ha tenido palpables efectos, positivos para el agricultor y el ganadero. Lo comprobamos en determinados sectores, como el lácteo. Por supuesto que queda camino por recorrer, todo cambio estructural requiere de un cierto tiempo para su completa instauración, pero es innegable que funciona. Por otro lado, poco se puede hacer, si no se cuenta también con una adecuada organización, vía cooperativas u organizaciones de productores. En el marco de las medidas de apoyo al sector, y con la intención de reforzar los mecanismos de inspección y control, el Gobierno se ha comprometido, entre otras iniciativas, a reforzar la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), elevándola a categoría de agencia estatal. Va a suponer un claro incremento de su capacidad de control, al disponer más medios humanos y más recursos para llevar a cabo sus funciones. La AICA ya realiza importantes controles. En el primer semestre, ha controlado 6.845 relaciones comerciales, casi el triple que en todo 2023. Pero debe considerarse que la AICA no es instrumento de ayuda en caso de problemas coyunturales de campaña, su trabajo es estructural y a largo plazo, Y es por ello por lo que cumplir con la ley de la cadena alimentaria requiere un esfuerzo único, común y coordinado entre todas las autoridades de control y operadores de la cadena. La colaboración del sector es fundamental, ya que debe denunciar si hay abusos.

Acuerdos con terceros países e importaciones que, según las organizaciones agrarias, no cumplen con los mismos requisitos de producción que en la UE aparecen como grandes caballos de batalla. ¿Cómo valora la situación? 

Los acuerdos comerciales entre la UE y países terceros son muy positivos para la economía en su conjunto. España es una potencia exportadora de productos agroalimentarios; la cuarta de Europa y séptima del mundo. Defendemos la necesidad del buen funcionamiento de un comercio global basado en reglas, conocidas y transparentes, que eviten obstáculos innecesarios y que al mismo tiempo satisfagan las demandas de los consumidores europeos en materias como salud o protección de medioambiente y bienestar animal. España siempre ha defendido antela Comisión un elemento clave para este Gobierno, que en las relaciones comerciales con terceros países se apliquen las denominadas cláusulas espejo o de reciprocidad. Se trata de exigir a los productos importados las mismas condiciones de producción que rigen en la UE para las producciones propias en seguridad alimentaria y preservación del medioambiente. Es una reclamación que no tiene aún mayoría en el Consejo, pero que se va abriendo paso. Estoy convencido de que se logrará en esta nueva legislatura. 

El porcino es uno de los sectores con mejores resultados económicos, pero teme los efectos de la previsible guerra comercial con China por los coches eléctricos del gigante asiático. ¿Está en riesgo el resultado del sector? 

Asistimos a una escalada en las tensiones comerciales que amenazan a la industria agroalimentaria, sector ajeno al conflicto, y que se ve afectado colateralmente por estas decisiones. Seguimos muy de cerca el procedimiento antidumping iniciado por China para garantizar que se respeta, de manera escrupulosa, la normativa internacional, con vistas a asegurar el mantenimiento de un equilibrio que evite distorsiones de mercado. Desde el Gobierno hacemos un seguimiento pormenorizado de la evolución del expediente antidumping y del mercado nacional y europeo. Mantenemos contacto muy fluido con la Comisión para que, de ser necesario, se puedan adoptar las medidas más adecuadas y eficaces, y con la celeridad necesaria, para estabilizar el mercado. 

¿Se avecinan cambios importantes para los ganaderos en materia de sanidad animal? 

Desde un punto de vista normativo, nada que no se haya comentado y que está en trámite como es la voluntariedad del veterinario de explotación y un profundo cambio y simplificación tanto en el plan sanitario como en el de bienestar animal de las explotaciones. Es uno de nuestros compromisos. Desde un punto de vista estrictamente sanitario nos preocupa y seguimos muy de cerca la evolución de la lengua azul, tanto en Extremadura y la frontera con Portugal, como en Catalunya, Baleares y Aragón, y la necesidad de poder disponer a la mayor brevedad de vacunas, de los diversos serotipos, en cantidades suficientes para proteger a los animales y detener la dispersión. La vacunación es el único método eficaz de lucha en enfermedades vectoriales. Estamos en permanente contacto tanto con las comunidades y las empresas para poder agilizar las cosas lo más posible. En cuanto a la enfermedad hemorrágica epizoótica, estamos también muy atentos a cómo se dispersa este año. Como ya preveíamos está más presente y con mayor impacto en las zonas en donde no estuvo el año pasado. Afortunadamente y gracias a una importante labor de investigación, impulsada por el ministerio, ya hay una vacuna disponible en el mercado y los ganaderos pueden proteger sus rebaños. Además, el ministerio repartió la pasada semana entre las comunidades los 15 millones de euros comprometidos para compensar a los ganaderos por los perjuicios que les han causado esta enfermedad, incluye el coste de vacunación. 

¿El precio del aceite de oliva bajará al nivel anterior a la escalada? 

La evolución de los precios en las últimas dos campañas ha experimentado una tendencia al alza debido a unos niveles de cosecha ostensiblemente inferiores a la media por las sequías y las olas de calor en momentos claves del desarrollo productivo. En la última campaña hubo una cierta recuperación de la producción y el incremento de la oferta ha permitido rebajar la tensión sobre los precios en origen, aunque siguen siendo superiores. En esta coyuntura, hay que poner en valor la fidelidad del consumidor al aceite de oliva, ya que apenas se ha resentido el consumo interior. Desde el 1 de julio se ha suprimido el IVA y a partir del 1 octubre y hasta el 31 de diciembre se le aplicará un tipo reducido del 2% y, después, de manera permanente formará parte de la cesta de productos y alimentos básicos, por lo que mantendrá un tipo superreducido, con el objetivo de favorecer un mayor acceso del producto al conjunto de la población. En las últimas semanas hemos asistido a una estabilización de las cotizaciones en origen ante unas previsiones de recuperación productiva en la próxima cosecha. Sin embargo, no procede aventurarse a estimar una cifra o tendencia, muy compleja de predecir, ya que son muchos y variados los factores que intervienen en la formación de precios.