ERC y Junts se abren a apoyar el plan fiscal, que Podemos podría tumbar

La ley del impuesto a las multinacionales que impone la Unión Europea, en la que el ministerio de Hacienda ha añadido parte del paquete fiscal que había anunciado, llega hoy a sus últimas votaciones en el Congreso, tras superar por la mínima su trámite en comisión, con varios puntos de su articulado todavía en el aire. Sobre el texto pesa la amenaza de Podemos de tumbar el proyecto, después de que ERC y Junts se abrieran ayer a apoyarlo. De momento, no incluye los impuestos a banca y energéticas que exigen Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG. Para conseguir que el texto se aprobara en comisión, al PSOE no le quedó otra que prometer a los partidos independentistas catalán, vasco y gallego que intentaría aprobar el impuesto a la banca en el pleno de hoy mediante una enmienda transaccional de socialistas y Junts que se rechazó en la comisión; así como prorrogar vía decreto un año el tributo a las energéticas, a pesar de que previamente había pactado con Junts dejarlo morir el 31 de diciembre. Para intentar lograr un equilibrio entre ambos bandos Hacienda aseguró que mantendría lel pacto con Junts para no gravar a las energéticas que inviertan en descarbonización, que son prácticamente todas. Los portavoces de ERC y Junts en el Congreso, Gabriel Rufián y Míriam Nogueras, expresaron ayer por separado la disposición de sus grupos a votar a favor de la reforma. Nogueras afirmó que “su acuerdo beneficia a Catalunya” y pidió a ERC apoyarlo. Por su parte, Rufián apuntó a un voto afirmativo de su formación y cargó contra Junts. “Veremos qué hace la derecha catalana”, aseguró.

Quien amenaza ahora con tumbar la reforma es Podemos, que advirtió que antes de avalarla con un sí o una abstención quiere “garantías” de que el Ejecutivo dispone del apoyo de Junts y PNV en la prórroga del impuesto a las energéticas.

Ante esto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero avisó que de la reforma fiscal dependen 7.200 millones de euros de fondos europeos y el plan fiscal y estructural de España. Además cifró en 5.000 millones el coste de la anulación de las reformas del impuesto de sociedades del PP que ahora se pretende neutralizar.