Los repartidores de Glovo dejarán de ser autónomos: la empresa quiere contratarlos en plantilla
El anuncio llega un día antes de que el consejero delegado de la firma, Oscar Pierre, declare como investigado en un caso abierto en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona
Glovo ha anunciado que los repartidores de la plataforma pasarán a forma parte de la plantilla en España. En un comunicado de este lunes, la plataforma tecnológica de reparto a domicilio explica que "impulsa un nuevo modelo laboral" que permitirá "la operativa con repartidores laborales" en las más de 900 ciudades donde opera y en todas las verticales de la aplicación, detalla. La firma catalana justifica la medida por el "firme compromiso" y el fomento de "la economía digital" en el Estado español. Para conseguirlo, Glovo pretende iniciar "una mesa de diálogo" con los agentes sociales para dotar "de todas las garantías al proceso" y que el cambio contractual se haga "con consenso".
La tecnológica remarca que el nuevo modelo conservará "en todo momento" la experiencia del usuario y de los restaurantes que colaboran con Glovo. La firma, fundada en Barcelona, sostiene que "está preparada" para que el servicio se desarrolle como hasta ahora, "manteniendo métricas tan relevantes como los tiempos de entrega o la disponibilidad de repartidores en cualquier momento del día, entre otros".
Por otra parte, la compañía de reparto a domicilio concreta que las negociaciones con los agentes sociales "estarán abiertas" al resto de operadores del sector y los invita a llevar a cabo "procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados".
El anuncio de Glovo llega un día antes de que el consejero delegado de la empresa, Oscar Pierre, declare como investigado en un caso abierto al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona. La compañía está acusada de obligar los riders a hacerse autónomos para trabajar en la plataforma. La fiscalía recuerda que hay una sentencia del Tribunal Supremo que exige la contratación de estos empleados y lamenta que, a pesar de los requerimientos, la empresa ha mantenido una relación que es constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores.