Mercosur, la nueva amenaza

Agricultores y ganaderos amenazan con empezar el año sacando los tractores a las calles para mostrar su oposición al pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur – Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay–, un rechazo que está motivado, entre otras cosas, por la dificultad de aplicar las normas europeas de producción a las importaciones del bloque sudamericano. Los defensores del acuerdo en la UE insisten en que abre oportunidades comerciales y refuerza los controles y los compromisos ambientales y laborales para los países del Mercosur. Y aunque el capítulo sobre los productos agrícolas se cerró en 2019, los negociadores han introducido después “más salvaguardas” en el pacto, aprobado en diciembre a falta de su ratificación final. Bruselas defiende que el pacto puede suspenderse si una de las partes incumple o abandona el Acuerdo de París de cambio climático, al igual que las concesiones pueden quedar sin efecto cuando el mercado interior europeo esté en problemas, tanto en productos liberalizados como en aquellos “sensibles” sujetos a cuotas de importación (como la carne de vacuno y de ave). Además, desde finales de 2025 solo podrán entrar en el mercado de la UE artículos libres de deforestación, como la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao, el café y el caucho, incluidos los procedentes del Mercosur. Insiste en que sus normas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad alimentaria se aplican a todas las importaciones procedentes de terceros países, como las que limitan el uso de pesticidas y prohíben la utilización de antibióticos y hormonas de crecimiento. Sin embargo, el economista del Centro Europeo para Política Económica Internacional (Ecipe) Oscar Guinea afirma que las llamadas “cláusulas espejo” (reciprocidad en las normas comerciales) no existen en los acuerdos internacionales. Por eso reconoce que con este acuerdo habrá perdedores y ganadores. Así, en el caso del sector agroalimentario español pueden beneficiarse de las bajadas arancelarias productos como el aceite de oliva, la leche, el queso y el vino. Sin embargo, habrá otros como el vacuno de carne o el sector hortofrutícola que podría verse perjudicados.

El año 2024 arrancó con tractoradas convocadas por organizaciones y plataformas agrarias que llevaron las quejas del campo a la primera línea mediática, política y social. Las protestas se han reproducido en las últimas semanas en defensa de políticas más justas y amenazan con repetirse a principio del 2025, debido a las quejas de muchos productores con el recientemente suscrito acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Se espera que el acuerdo liberalice el 99% del comercio agrícola de la UE y que Mercosur abra su mercado al 88% de los bienes agrarios comunitarios. Paralelamente, se prevé que el pacto de liberalización comercial abra las puertas a productos industriales europeos en esos países, como puede ser el caso de los automóviles. Para los agricultores y ganaderos este acuerdo atenta directamente contra la salud alimentaria de los consumidores, puesto que, según denuncian, permitirá la entrada masiva de productos procedentes de países con normativas más laxas en materia laboral, ambiental y de seguridad alimentaria. Esta situación conllevará competencia desleal que afirman que será devastadora para los payeses catalanes, ya que abre la puerta a la llegada masiva de carne de vacuno, cerdo, pollo, cereales y fruta, entre otros, creando una competencia desproporcionada, ya que se venderán a precios más bajos. En esta línea denuncian que se les quiere usar como “moneda de cambio” en beneficio de otros sectores como el industrial. Por ello, amenazan con volver a echarse a la calle en este año a punto de arrancar si el Gobierno central no vota en contra del tratado cuando se plantee su ratificación en el Parlamento Europeo.

Unión de Uniones ve un avance hacia una política agraria más justa

Unión de Uniones, la coordinadora de organizaciones agrarias de la que forma parte Unió de Pagesos, calificó ayer este 2024 que ya finaliza como un año fundamental para avanzar hacia un “política agraria justa”, un año que ha estado marcado por las protestas de un sector que se ve ahogado por los “altísimos” costes de producción, la ley de la cadena alimentaria que perjudicaba a los productores en favor de la industria, unas exigencias medioambientales “estrictas e incomprensibles” y la competencia desleal.