La reducción de la jornada en la fruta elevaría los costes 15 millones

Asaja Lleida exigió ayer que el sector agroalimentario quede al margen de la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 que impulsa el ministerio de Trabajo, ya que estima que su implantación comportaría un sobrecoste de 162,5 euros en pagos de horas extras por trabajador y mes en la campaña de la fruta.

De acuerdo con un estudio que maneja la organización agraria para analizar el impacto de la medida en la fruta dulce, y a falta de otro sobre los perjucios en el sector ganadero, el presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, alertó que la reducción de la jornada comprometería la viabilidad de muchas explotaciones. En este sentido, calculó que, con el pago de unas 89.000 nóminas entre los meses que dura la campaña de la fruta (de abril a octubre), las 2,5 horas eliminadas de la jornada laboral por trabajador se traducirían en horas extraordinarias, elevando los costes de producción en más de 15 millones de euros, y que aumentaría a los 25 millones al aplicarse la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por ello, insistió en que “el sector primario debe quedar exento de esta reducción como reflexionó –dijo– el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto con el sector turístico”.

Con el incremento de costes previsto, Asaja Lleida calcula que estos pasarán de los 43 céntimos de euro por kilo (estimados en 2023) a unos 50, reduciendo aún más los márgenes de los productores. Recordó que, en muchos casos, los precios de liquidación de la fruta dulce son ya muy ajustados y no permiten absorber estos incrementos sin consecuencias graves para los productores. “Si esta medida sigue adelante sin modificación alguna, el sector se vería obligado a repercutir estos sobrecostes laborales en el precio final de la fruta, con una subida que puede superar el 25%”, dijo.

Además, vio “inviable” compensar la reducción de horas con más trabajadores porque el sector sufre “una grave carencia de mano de obra” y que el Gobierno central ha tenido que autorizar nuevos convenios de contratación en origen para cubrir las necesidades actuales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que el Gobierno de coalición goza de “buena salud” a pesar de las “diferencias” internas entre PSOE y Sumar en relación a que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tribute el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al tiempo que destacó su papel como “herramienta esencial” para combatir la desigualdad, la precariedad y la exclusión social.

Díaz, que participaba en un foro sobre políticas sociales en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, subrayó que ella ha hecho lo que le correspondía con el SMI y que ahora es el ministerio de Hacienda el que debe aclarar la controversia sobre cuál será su tributación.

En este sentido, Sumar ha emplazado formalmente al ministerio de Hacienda a convocar una reunión con Trabajo para alcanzar una “solución negociada” que suponga dejar exento de tributación el salario mínimo interprofesional.

La titular de Trabajo afirmó que “nadie” del espacio Sumar era conocedor de esta noticia, a pesar de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró el miércoles que Díaz sabía que la subida del SMI “incorporaba el potencial pago de impuestos”.

En este sentido, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, se mostró“absolutamente convencido” de que “no hace falta que nadie avise” a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de cuáles son los distintos tramos del IRPF y recalcó que ocho de cada diez trabajadores que reciban esa percepción no se van a ver afectados.

Según algunos medios, la ministra de Hacienda, María José Montero, descartó en el último momento una propuesta de sus técnicos para incorporar una deducción específica para mantener al SMI exento del IRPF.