ENTREVISTA
Paul Craig: 'David Cameron prometió el referéndum del Brexit creyendo que no se vería forzado a convocarlo'
Si buscamos a David Craig en Google nos arriesgamos a chocarnos con un antiguo asesor de Ronald Reagan, un liberal a las antípodas ideológicas del Paul Craig que, recientemente, vino a Lleida invitado por la facultad de Derecho y Economía de la UdL. Catedrático de Derecho en la Universidad de Oxford, Craig es un hombre que mide mucho sus palabras y, a pesar de llevar siempre una incipiente barba de dos días, no es nada descuidado al explicar el proceso del Brexit, las contradicciones de la Unión Europea y la manera como los británicos ven y entienden el conflicto catalán.
La luz natural de primera hora de la mañana entra en el despacho y en torno a una gran mesa nos sentamos con Paul Craig y Laura Salamero, profesora de Derecho Administrativo que hará una traducción excelente de la conversación.
Hay un dicho entre los politólogos según el cual sólo se tiene que convocar un referéndum cuando sabe que uno lo va a ganar.
Si los políticos lo conocieran quizás se ahorrarían algunos disgustos. David Cameron prometió el referéndum del Brexit pensando que no se vería obligado a convocarlo. Era el 2013, durante su primer gobierno, y lo forzaron un grupo de parlamentarios conservadores muy influyentes. De entrada le sirvió para desviar la atención sobre otras cuestiones y, después, también calculó que no ganaría las elecciones que había entre la promesa y la fecha de convocatoria. Pero fue reelegido primer ministro por mayoría absoluta y aquella minoría influyente lo forzó a hacerlo bajo la amenaza de destronarlo.
¿Hay quien se empieza a arrepentir de no haber participado o, incluso, votar para marcharse?
El resultado sorprendió a todo el mundo y es cierto que algunas personas han manifestado que ya se arrepienten de haber votado por el leave (marcharse), pero no se ha estudiado este tema en profundidad como para saber el absto de este sentimiento.
¿Se están cumpliendo los beneficios o las amenazas que unos y otros preveían si ganaba el ‘sí’?
La maquinaria del artículo 50 del tratado para activar el proceso de dejar la Unión está en marcha y no se prevé que sea para hacer un proceso suave, sino más bien abrupto. Desde un punto de vista económico, ¿qué puede pasar? La reacción posterior al Brexit no ha sido significativa, por el contrario de los que alertaban de que habría graves problemas. El proceso tiene que durar dos años y parece que quedaremos fuera del mercado único y la unión aduanera. Eso podrá tener un impacto más pronunciado, pero tendremos que esperar hasta entonces para ver cómo impactará en la vida real de los británicos.
La socialdemocracia ha sido históricamente más europeísta ¿La crisis de los laboristas facilitó la victoria del leave?
Absolutamente. Tradicionalmente los labors -laboristas- han entendido la Unión como una manera de reforzar y tutelar los derechos de los trabajadores, unos intereses que les preocupaban más que las cuestiones identitarias o la inmigración. Pero a la hora de la verdad Jeremy Corbyn –líder del Partido Laborista– no se manifestó claramente en contra. Hizo campaña por el remain (quedarse), aunque no fue entusiasta y no luchó por covencer a muchos de sus votantes que marcharse no era una buena opción. Después del referéndum se ha intensificado la crisis dentro del partido. Corbyn defiende que se tiene que respetar la voluntad del pueblo y, si la gente ha decidido marcharse, no pueden utilizar el parlamento para impedirlo. Al mismo tiempo muchos votantes laboristas están abiertamente en contra del Brexit y eso se ha hecho evidente en el Parlamento, cuando algunos labors han roto la disciplina de partido y en el Parlamento han votado contra la postura oficial. Ahora mismo están muy debilitados.
Quizás Corbyn conectaba con esta izquierda más radical que siempre ha acusado la UE de ser una maquinaria en favor del capital y el libre mercado.
Esta afirmación de la izquierda más dura no se ajusta a la realidad de la política europea. A mediados de los ochenta ya se dieron cuenta de que quizás se habían centrado demasiado en cuestiones económicas y habían dejado de lado los asuntos más sociales. Desde entonces desarrollaron una tendencia a proteger y atender con más cuidado los derechos de las personas. De hecho, ahora hay veces que los derechos son tutelados con más intensidad por parte de las instituciones europeas que por los mismos estados miembros.
En materia de inmigración, y a raíz de la crisis de la gente que huye de la guerra de Siria, se ha hecho evidente, sin embargo, que la capacidad de la Unión para imponer sus decisiones a los estados es limitada. España sólo ha acogido poco a más de 1.000 refugiados de los más de 17.000 que le corresponden.
Hay una cuestión muy técnica. La Unión puede actuar en estos temas si los estados miembros le conceden esta competencia. Para activarla se tienen que seguir los procedimientos legalmente establecidos: la comisión tiene que hacer una propuesta que pasa por el consejo y eso implica que los estados se pongan de acuerdo a través de una mayoría cualificada para desarrollarla. Si eso no se consigue la Unión no puede aprobar normas, directivas o reglamentos que pueda imponer coactivamente a los estados para que lo apliquen. Como la Unión ha visto que era imposible activar este proceso ha buscado otras vías para responder a la crisis, como las propuestas de cuotas. ¿Eso supone una quiebra de la Unión? No, sencillamente funciona así. Ahora bien, los países que sufren más intensamente esta situación lo viven como un drama, sobre todo porque son de los más vulnerables del continente.
Europa está en crisis, ¿los británicos han sido visionarios al marcharse de un proyecto que se desmorona?
No, más bien hemos cometido un error muy grave. Aunque no hay que olvidar que más de 15 millones de personas apostaron a favor de quedarse, más de un 48% de los votantes. Sus razones no eran sólo de carácter económico, sino también de carácter social o político. No hay ninguna contradicción entre sentirse europeo y británico al mismo tiempo, así es como lo vivo yo y como lo ven muchos millones de ciudadanos. También es cierto que mucha gente ha olvidado fácilmente los conflictos históricos entre los estados y como desgastaba las economías nacionales. Ahora parece que hayamos vivido siempre en harmonía, al mismo tiempo que mucha gente no siente la Unión como propia porque la comunicación de las instituciones europeas con los ciudadanos no siempre ha sido fluida.
El posicionamiento de España con respecto a Escocia está en relación a sus intereses en Catalunya ¿Gran Bretaña reconocería una Catalunya independiente?
Es un tema delicado. Me parece que si Catalunya declarara la independencia, probablemente Londres de entrada no la reconocería, especialmente si el estado español hubiera opuesto resistencia a la declaración y no la compartiera. Es una suposición en un escenario muy complejo y es muy difícil saber la reacción definitiva. Con respecto a la analogía que se hace siempre entre catalanes y escoceses, antes tenía más sentido porque ambos formaban parte de un estado miembro de la Unión. En estas circunstancias, prácticamente se daba por hecho que España habría vetado la entrada de Escocia a la Unión por la analogía con respecto a la situación catalana. Actualment el Brexit ha cambiado el mapa y si se volviera a hacer un referéndum en Escocia y ganara el sí, no sé qué posición mantendría España porque la situación sería diferente. Quizás España en este caso dudaría de su posición.
Cuando vives en Catalunya el llamado ‘proceso de independencia’ ocupa el centro del debate político. ¿En Gran Bretaña se habla de ello o se ignora completamente?
Es cierto que nosotros tenemos una división muy radical entre la prensa amarilla de tabloide y la de calidad, y este tema interesa sobre todo a los medios serios. Es muy complicado que esta cuestión ocupe las portadas de los periódicos, pero los más importantes se hacen eco en las páginas interiores, sobre todo cuando el problema entra en debates legales, cuando hay acontecimientos importantes en la calle o cuando pasan cosas que lo hacen avanzar a nivel político o legal.
