El contencioso de los radares afecta a unas 100.000 multas no impuestas

Las multas por exceso de velocidad no impuestas por la Paeria que han motivado que la concesionaria de los radares presente un recurso ante el juzgado de lo contencioso para reclamar una indemnización, tal como avanzó ayer SEGRE, son más de 100.000 solo en 2014, según hizo público ayer el grupo municipal del Comú. Asegura que el expediente de la concesión constata que el contencioso de la UTE Mobilitat (Arnó-Sice) indica que hay 86.521 fotos de multas no validadas de vehículos que circulaban a entre 55 y 65 kilómetros por hora y otras 17.794 que no se impusieron por el retraso en activar los radares. En total, 104.315 por las que, según el Comú, pide 938.835 euros, a razón de 9 euros por cada una.

El alcalde, Àngel Ros, subrayó ayer que “el interés del concesionario es recaudar más y el de la Paeria, que haya menos accidentes con heridos y muertos al disminuir la velocidad de los vehículos”. “El concesionario pide cobrar más y, como se lo denegamos, pone un contencioso”, añadió. Acto seguido afirmó que “lo ganaremos seguro, es una herramienta de presión de la empresa, que no ha visto cumplidas sus expectativas de negocio, pero las nuestras, que eran reducir la lesividad por accidentes, sí se han cumplido”.

Como publicó este diario, el contencioso está motivado por una diferencia en la interpretación del contrato. Este indica que el límite de velocidad a partir del cual se multa debe ser fijado “conjuntamente” por ambas partes y la empresa afirma que la Paeria decidió unilateralmente que fuera de 65 por hora, en lugar de los 50 fijados por ley más el margen de tolerancia. En cambio, la Paeria se ratifica en que la empresa dio su visto bueno. A partir de este desacuerdo, la concesionaria pide que se aplique la cláusula que establece que cada sanción no tramitada debe indemnizarse con 9 euros. Fuentes cercanas a la empresa negaron que el recurso reclame una indemnización concreta y reiteraron que su pretensión es que el juez decida sobre la interpretación del contrato y que determine la indemnización si esta es procedente. También insistieron en que siguen abiertos a una solución dialogada.

El Comú acusó al alcalde de haber impuesto unilateralmente el límite de 65 por hora “por criterios electorales” y denunció que esta “pésima gestión” puede costar “un millón de euros a los leridanos”. Ros replicó de forma contundente: “es escandaloso que un grupo que se define de izquierdas y nos acusa de favorecer a las concesionarias asuma lo que dice una concesionaria y le dé la razón cuando lo que quiere esta es ganar más”.