VIVIENDA LEGISLACIÓN
El Govern abre la puerta a expropiar el uso de pisos de bancos en 29 municipios de Lleida
Recupera la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social a las familias que vayan a ser desahuciadas
Imatge d’una protesta de la PAH contra els desnonaments i en defensa del dret a l’habitatge.
La Generalitat aprobó ayer un proyecto de ley que le permitirá abordar la expropiación temporal del uso de las viviendas vacías de entidades financieras para darles un uso social, por un periodo máximo de 4 a 10 años. La medida podrá aplicarse en un total de 29 municipios de Lleida, entre ellos todas las capitales de comarca (ver cuadro), ya que la Generalitat también amplía el número de municipios con demanda acreditada de vivienda social, de 72 a 234 (hasta ahora solo Lleida ciudad estaba incluida).
Esta disposición busca esquivar el veto del Tribunal Constitucional (TC) a otra iniciativa similar aprobada dentro la ley 24/2015, que obligaba a los bancos y otros grandes propietarios a ceder obligatoriamente a los ayuntamientos o la Generalitat sus pisos vacíos por 3 años. El TC dictaminó que violaba el derecho de propiedad, por lo que ahora el Govern ha buscado amparo en la ley de Expropiación para lograr el mismo objetivo de movilizar este parque de viviendas. El coste lo fijará el Jurado de Expropiaciones y la Generalitat restará del importe a pagar el dinero que invierta en rehabilitar los pisos.
La nueva ley, que la Generalitat espera aprobar este mes, también recupera otras medidas vetadas. Así, se crea un sistema de realojamiento obligatorio con alquiler social para las familias desahuciadas por un periodo máximo de 3 años, teniendo en cuenta la situación de crisis y que la vivienda es un derecho fundamental. Antes, se fijaba un alquiler social obligatorio y permanente que debían ofrecer los bancos, pero el Gobierno cuestionó esta limitación perpetua. En la práctica, ello supone que no se podrá desahuciar a ninguna familia sin ofrecerle antes un alquiler social.
Por último, se recupera la mediación obligatoria entre familias sobreendeudadas y entidades financieras, a través de la normativa de Consumo. Se crearán comisiones en toda Catalunya, con participación de la administración, entidades sociales, abogados, ayuntamientos y las entidades financieras, que analizarán los casos y elaborarán planes integrales para solucionarlos. El objetivo es ampliar el parque público de vivienda social y evitar desahucios. La consellera Meritxell Borràs se mostró confiada en que esta ley no será de nuevo recurrida porque es “jurídicamente impecable”.
