Ros rechaza una rebaja del IBI, pero prevé más ayudas para rentas bajas

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, rechazó ayer la posibilidad de rebajar el IBI de forma general, como planteó CiU el lunes y defiende también el PP, pero sí abrió la puerta a ampliar las bonificaciones para rentas bajas, como vía para llegar a un acuerdo para aprobar las ordenanzas fiscales en el pleno de la semana que viene. “Somos más partidarios de una congelación y de hacer bonificaciones en casos de necesidad social que de una rebaja lineal. Bajar un 1% el IBI en un recibo de 600 € supone 6 €, pero para el ayuntamiento son 500.000 a recortar de los servicios públicos”, afirmó Ros, quien remarcó que las bonificaciones “son más justas socialmente”. Solo C’s apoya la propuesta inicial del PSC de congelar el IBI, por lo que será necesario otro pacto para aprobar las tasas de 2017. “No cerramos la puerta a escuchar la propuesta de algún otro grupo pero cualquier cambio debe llevar asociado el impacto económico que supondrá en el presupuesto municipal”, añadió Ros. El año pasado se llegó a un acuerdo con la Crida, con ayudas para los pisos valorados en menos de 30.000 €, pero este año la formación exige también subir el recibo a grandes superficies e industrias.

El alcalde pasó balance ayer de los pactos del año pasado y subrayó que los están cumpliendo. Resaltó que el 76% de 84 proyectos acordados están hechos o en ejecución, a falta de 3 meses para acabar el año. Entre ellos están la gestión integrada de los teatros o la dotación de un fondo para pobreza energética. El 11% están en estudio, como la creación una tarjeta social, y alguna se ha descartado o cambiado por otra medida.

Recuperar la zona azul, no antes de la primaveraUno de los principales compromisos adquiridos dentro de la negociación de los presupuestos para este año fue el acuerdo con ERC para la remunicipalización de la zona azul. No obstante, la complejidad del proceso lo está retrasando y no será técnicamente viable antes de primavera, afirmó Ros. La concesión está mientras tanto prorrogada. Mínguez explicó que se está trabajando en informes sobre las implicaciones jurídicas, laborales y económicas y que será necesario hacer consultas a Estado y Generalitat.