Condenada por destrozar un piso tras ser desahuciada en Cappont

La titular del juzgado de lo Penal número 3 de Lleida ha condenado a 8 meses de prisión y al pago de una indemnización de 3.016 euros a una vecina de Lleida que destrozó una vivienda que había alquilado y de la que fue desahuciada por impago en Cappont. Los hechos ocurrieron el 3 de diciembre de 2014, cuando una representación judicial acudió al piso segundo segunda del número 42 de la avenida Les Garrigues, en el barrio de Cappont, para proceder al desahucio de la inquilina, de iniciales M.D.O.P., que había sido denunciada por la propietaria de la vivienda por impago de las cuotas de alquiler durante varios meses. Según consta en el acta judicial de desahucio, la vivienda se encontraba en un lamentable estado, ya que estaba llena de basura, la mampara estaba desmontada y faltaban el aire acondicionado de la habitación, la lavadora, la nevera, la campana extractora, el lavadero y la “alcachofa” de la ducha. Durante el juicio celebrado por estos hechos, la inquilino negó que se hubiera llevado estos materiales y que hubiera provocado estos desperfectos y aseguró que ella se había ido de la vivienda tres días antes del desahucio y la había dejado en perfecto estado. También dijo que la nevera y la lavadora eran suyas y que los desperfectos los habría causado una tercera persona durante los tres días que pasaron desde que abandonó la vivienda hasta que se hizo el desahucio. La jueza, sin embargo, no ha dado credibilidad a esta versión de los hechos y sí lo ha hecho a la de la propietaria de la vivienda. Según la magistrada, la posibilidad de que el robo y los destrozos los hubiera provocado una tercera persona no tiene sentido, entre otras razones, porque la inquilina había cambiado la cerradura, hasta el punto que en el momento de practicarse el desahucio se tuvo que llamar al cerrajero, según consta en el acta judicial. La titular del juzgado de lo Penal número 3 tampoco da credibilidad a que la nevera y la lavadora fueran de la inquilina, ya que las facturas que aportó eran de 2002 y la dirección que consta en ellas no es la de la vivienda desahuciada, a diferencia de las aportadas por la propietaria. Por todo ello, condena a la acusada a 8 meses de prisión por un delito de apropiación indebida.