Más de 200 leridanos denunciados en un año por no pagar la pensión a su ex

Más de 200 leridanos fueron denunciados el año pasado por no pagar la pensión a su expareja establecida en el proceso de divorcio o separación, una cifra que ha registrado un descenso respecto a otros años pero que ha sido recurrente durante el periodo de recesión. De hecho, el impago de pensiones es un delito que forma parte de la violencia machista a nivel económico, una violencia aún más invisible que viene de la mano de las agresiones físicas y psicológicas que puede sufrir la víctima a manos de su pareja.

A nivel estadístico, no hay datos fiables de denuncias por este tipo de violencia, pero tanto los Mossos d’Esquadra como el Institut Català de les Dones han atendido a mujeres que se enfrentan a ella y que en muchos casos se convierte en un auténtico quebradero de cabeza incluso cuando ya han dado carpetazo a la relación (ver testimonio). Según la Memoria de la Fiscalía, en 2015 un total de 209 leridanos fueron denunciados ante el juez por no pagar la pensión económica o de alimentos a su expareja, un delito que puede castigarse con una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses. En muchos casos el asunto se resuelve por lo civil, si el denunciado se aviene a pagar.

La violencia económica siempre viene acompañada de denuncias por insultos, humillaciones o agresiones

Al respecto, Salvador Gallego, de la Oficina de Atención a la Víctima de los Mossos d’Esquadra en Lleida, explica a este diario que hay dos tipos de violencia económica respecto a la mujer: el impago de pensiones y la restricción a los fondos que entran en la unidad familiar, así como el impago de deudas conjuntas como la hipoteca o créditos. Este último, según Gallego, es el más habitual y forma parte del control que ejerce el maltratador sobre la víctima. “La violencia económica se da cuando el agresor de forma intencionada priva de recursos a su pareja”, señala. Un maltrato que siempre viene acompañado de humillaciones, insultos, amenazas e incluso agresiones físicas. Una situación que en la mayoría de casos no se llega a denunciar y que cuando se hace es difícil de demostrar ante un juez. El agente, asimismo, recuerda que limitar los recursos a la mujer o el impago de la pensión también afectan seriamente a los hijos, en caso de haberlos en la pareja. “El agresor actúa así porque de esta forma castiga a su pareja, pero comete un error, porque a la vez acaba castigando a sus hijos”, señala.

Control de la nómina o pasar la semana con 5 euros“Me da igual lo que hagas porque pagarás tú todo y te arruinarás”. Cristina Puigventós, una vecina de Fulleda de 36 años, tiene grabada a fuego esta frase de su exmarido. Se casó con él en 2011 pero tres años después se separó cansada de insultos, coacciones, menosprecios. “Me di cuenta de que me había maltratado psicológicamente y sabía que lo siguiente sería la violencia económica”. Y así ha sido. Desde el día en el que Cristina se marchó de la casa de Fraga que habían comprado a medias, su vida ha sido un calvario. Asegura que su ex no paga su parte y ella está haciendo frente a todo el crédito para no quedar como una morosa. “Yo quería empezar de nuevo y como él quería la casa le ofrecí que se la quedara pero que me sacara de la hipoteca”, explica Cristina. Pero no solo no accedió, sino que desde entonces le impide entrar en la vivienda. “Pago yo toda la hipoteca porque no quiero tener una deuda. Pero es muy difícil, asfixiante, porque mi sueldo es de mil euros y también tengo un alquiler”, apunta. En la primera vista del divorcio le otorgó el uso de la vivienda a su exmarido porque el juez lo consideró vulnerable. “En la segunda vista se le escapó que trabajaba y concedieron el uso compartido, pero eso tampoco me sirve de nada”, asegura Cristina, que en este tiempo ha rehecho su vida y ha tenido una hija. Presentó un nuevo recurso para que el uso de la casa fuera exclusivamente para ella, pero aún no hay decisión sobre ello. Sobre lo que sí se ha pronunciado la juez es sobre un delito de coacciones por impedirle entrar en la vivienda, por el que acaba de condenar al exmarido de Cristina a 9 meses de prisión y una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años. Mientras, Cristina, aconsejada por su abogado, ha dejado de pagar la hipoteca porque no hay ninguna ley que ampare a quien quiere pagar. “Si hay dos deudores, el banco aplica el concepto de solidaridad y si uno no paga hacen que lo asuma el otro. La violencia económica es una agresión total, un sufrimiento muy doloroso. Tiene un gran impacto psicológico y emocional y la sociedad no tiene recursos para tratarla. Creo que lo tenía todo muy calculado. Es un psicópata”.