Juzgan a un urbano acusado de coaccionar al propietario de un pub

La Fiscalía pidió ayer en un juicio dos años de prisión para un agente de la Guardia Urbana acusado de un delito de coacciones sobre el dueño de un pub de Lleida. Una petición a la que se sumó la acusación particular, ejercida por el denunciante, que solicitó también que el agente no pueda ejercer durante dos años si es condenado al aplicarle la agravante de condición de autoridad. El juicio, que se celebró ayer en el juzgado de lo Penal 3 de Lleida, quedó visto para sentencia.

Según dijeron ayer las acusaciones, la víctima, que regenta un pub en una calle de la Zona Alta, denunció al urbano en junio de 2014 cuando ambos coincidieron en otro local de la ciudad y el agente le increpó por desavenencias previas. La víctima alegó ayer que esas diferencias se iniciaron hace años, cuando el agente le instó a propocionarle información sobre un presunto tráfico de drogas que se habría cometido en el local. El agente, por su parte,dijo ayer en el juicio que investigaba al denunciante por supuesto trapicheo en su local. A raíz de que la víctima se negase a colaborar con el agente, se inició, según el denunciante, una “persecución” con coacciones continuas e insultos en todos los lugares en los que coincidían. La pelea de junio de 2014, además, se produjo poco después de que el agente no pudiera acceder en el local de la víctima al tener prohibida la entrada por un incidente anterior. Según el dueño del pub, el agente, que acudía a su bar como cliente en numerosas ocasiones, protagonizó un incidente en el que rompió un vaso contra la barra, por lo que fue expulsado del establecimiento. Una decisión que el urbano le recriminó, lo que dio lugar a enfrentamientos y la posterior denuncia por coacciones.

Por el contrario, el agente señaló en el juicio que el denunciante solo persigue apartarle de la investigación sobre su bar, unas pesquisas, dijo, que acabaron en manos de la Policía Nacional por delitos contra la salud pública. No obstante, las partes solicitaron las actuaciones de la Urbana en dicho local y durante el juicio solo se acreditaron dos de carácter administrativo por incumplimiento de horario y extralimitación de aforo.

La Fiscalía dio absoluta credibilidad al testimonio de la víctima y solicitó dos años de prisión para el urbano, ahora de baja, petición a la que se sumó la acusación particular. La defensa solicitó la absolución.