«El Estado debe proteger a personas pobres de cortes de luz en invierno»

¿Por qué el TC anuló la normativa catalana de pobreza energética?

Entre otras medidas, la Generalitat exigía un informe de los servicios sociales antes de cortar el servicio a personas vulnerables y prohibía interrumpirlo durante el invierno. Se planteó si era competencia del Estado o de la comunidad. Lo que dijo el TC es que la interrupción del suministro y la pobreza energética afectan a dos competencias básicas del Estado: la planificación económica y la de bases del régimen energético. Como el Estado había regulado ya la interrupción del servicio y el bono social y Catalunya incorporaba medidas que podían considerarse contradictorias se anuló. Hubo 3 votos particulares, entre ellos el mío.

¿Por qué?

Tenemos una posición más favorable a profundizar en la protección de derechos. Y también nos oponemos a recentralizar competencias, creemos que hay que mantener la doctrina clásica, que se está reformando para reforzar al Estado.

¿Es necesaria una regulación estatal de la pobreza energética?

Una directiva europea dice que hay que adoptar medidas eficaces para proteger a personas vulnerables en situación de pobreza energética, entre ellas la prohibición de cortar el servicio en periodos críticos. Aquí ,el Estado solo ha creado la tarifa de último recurso, que garantiza un precio mínimo, y el bono social, una facilidad para determinados colectivos. Pero hay gente en pobreza energética que queda fuera, incluso trabajadores a los que no les llega el sueldo. Y tampoco prevé la prohibición de interrumpir del servicio, que es lo que hizo la Generalitat. El Estado debería regularlo, porque lo dice la directiva.

Sorprende que no lo desarrolle y recurra la ley de la Generalitat.

Esta era una de las razones de nuestro voto particular. Si el Estado no desarrolla una competencia básica, la comunidad puede hacerlo. Yo discutía incluso que fuera una norma básica, porque afecta más a los consumidores que al sistema eléctrico, pero incluso si lo aceptamos, considero que no se ha desarrollado y quedaba margen para que lo hiciera la comunidad.

¿En qué situación están las compañías? ¿Puede exigirse a empresas privadas el deber de garantizar derechos sociales?

La directiva permite imponer obligaciones sociales positivas a las compañías. Una sentencia de 2013 ya lo aplicó.

Usted también discrepó de la posibilidad de que el TC suspenda a cargos públicos que incumplen sentencias. ¿El Gobierno usa los tribunales para hacer política?

No puedo opinar, me limito a votar y dar mi criterio. Consideré que alteraba el equilibrio de poderes. Si hay un incumplimiento, debe ser el Gobierno el encargado de resolverlo y el TC debe quedar en segundo plano y decidir en última instancia. Otra razón es que la suspensión de todas las facultades creo que tiene alcance penal más que de ejecución y las sanciones están reservadas a la jurisdicción ordinaria. El razonamiento de la sentencia es que cualquier tribunal debe tener competencias para ejecutar sus fallos, una idea con la que estoy de acuerdo.

¿Está garantizada la separación de poderes? A veces parece que se vota por bloques según quién nombró a cada juez.

Pasa en altos tribunales de todo el mundo. En temas que tratan sobre principios filosóficos y éticos y valores la interpretación de la ley depende mucho de la mentalidad de cada magistrado. Eso no quiere decir que una vez nombrado no haga lo que crea. El Derecho no es aritmética.

No puedo dejar de preguntarle por el referéndum en Catalunya. ¿Sería constitucional?

No puedo tener opinión, resolvemos cada asunto de acuerdo con la Constitución. En el fallo de 2014 sobre la declaración del Parlament decíamos que cuando una comunidad desea un cambio de relación con el Estado, se impone el diálogo y la negociación. Si se concreta, debe ser necesariamente con una reforma constitucional. Pero dentro de la discusión política puede defenderse cualquier posición. El TC debe aplicar la Constitución, no puede esperarse otra cosa.