PLENO EXTRAORDINARIO
Aprobado el presupuesto de la Paeria que inicia el Morera y no sube el agua
El PSC recibe el apoyo de C’s y PP, ante al ‘no’ y la crítica de CiU, ERC, Crida y Comú
PSC, C’s y PP unieron fuerzas ayer en la Paeria y aprobaron los presupuestos para 2017, mientras que el resto de la oposición (CiU, ERC, Crida y Comú) votaron en contra y no ahorraron críticas. Las cuentas ascienden a 170,5 millones, un 8,68% más que el de este año, y prevé 11,4 millones en inversiones, entre ellas el Museu Morera
El pleno de la Paeria aprobó ayer con los votos del equipo de gobierno del PSC, C’s y PP los presupuestos de 2017, que ascienden a 170,5 millones, un 8,68% más que los de este año. El resto de la oposición votó en contra y vio como eran rechazadas todas sus enmiendas. El gobierno ya había retirado por falta de apoyos su propuesta de subida de la tarifa del agua de 2 euros por recibo para el 70% de familias y de 6 para el resto, de modo que quedó incorporada en las cuentas una partida de 2,5 millones para la compra del agua a la Mancomunidad de Pinyana. De todos modos, la teniente de alcalde, Montse Mínguez planteó la necesidad de seguir trabajando “para encontrar un replanteamiento de la tasa de alcantarillado y tener así más ingresos que se puedan repercutir en inversiones” en este ámbito.
Del total del presupuesto, 11,4 millones son para inversiones, entre las cuales destacan 1,7 para el Museu Morera en el edificio de la antigua Audiencia; 1,8 para el nuevo vial hacia Torre Salses y Magraners; 1,1 para la compra de la residencia Pare Coll; 1,3 para el plan de barrios de Noguerola y 756.000 euros para el del Centro Histórico; 700.000 para remodelar el cuartel de artillería del parque de Gardeny; y 200.000 para dinamizar la Rambla Ferran.
Asimismo, el gobierno prevé recaudar 75,9 millones en impuestos municipales (+0,43%), de los cuales 50,53 provendrán del IBI, pese a la rebaja lineal del 2% aprobada en las ordenanzas fiscales. Por impuestos indirectos calcula ingresar 4,4 millones (+6,51%) y 31,1 en tasas y otros conceptos (un millón más que este año por la nueva tasa a las compañías de telefonía móvil). Las áreas que centran el gasto son cohesión social, educación y ocupación (31,1 millones); servicios a la ciudad (27,3), Urbanismo (21,7) y Seguridad (18,5).
El alcalde, Àngel Ros, destacó que las cuentas “ponen el foco de atención en las necesidades sociales, el fomento de la ocupación y el funcionamiento de los servicios públicos”, e insistió en trabajar para “que no se creen bolsas de pobreza”. Ángeles Ribes, de C’s, argumentó su ‘sí’ diciendo que al aceptar el gobierno sus enmiendas “sensatas” se mejorará “la eficiencia administrativa y la ciudad” y defendió que es un presupuesto “austero, sobrio y responsable con las necesidades de los ciudadanos”. Joan Vilella, del PP, dijo estar “satisfecho con el acuerdo conseguido porque ‘no fa volar coloms’ y beneficia a todos los ciudadanos”.
En cambio, Rosa Salmeron, de CiU, tildó los presupuestos de “continuistas y con los mismos errores que en años anteriores”. Carles Vega, de ERC, los criticó por “poco ambiciosos” y denunció incumplimientos y que buena parte de las partidas son para sueldos. Francesc Gabarrell (Crida), los ve una “prórroga de facto de los de 2016 y escorados a la derecha” y Carlos González (Comú), “ilegales, irreales e irrealizables” .
Los vecinos reclaman más inversión en las zonas antiguas de los barrios
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Toni Baró, intervino ayer en el pleno y elogió la partida destinada a presupuestos participativos, a través de la cual los ciudadanos podrán elegir algunas inversiones. Asimismo, pidió a la Generalitat y el Estado que inviertan en planes de barrio y a la Paeria, que los amplíen para mejorar las partes antiguas de toda la ciudad y que no se centre solo en rehabilitación de viviendas. Reclamó minimizar el ‘catastrazo’ en l’Horta y ‘filar molt prim’ en la concesión de ayudas sociales “porque la leyenda urbana dice que se dan a colectivos concretos o a gente que no las aprovecha”. Mostró su preocupación por que la rebaja de impuestos se traduzca en menos inversión y planteó que la tasa de alcantarillado refleje que “quien más ensucia y gasta debe pagar más”. “Ahora hay una cantidad fija para todos y no parece ajustado”, subrayó. Pidió ayudar a las entidades con los trámites para las subvenciones.