VIVIENDA COLECTIVOS
La PAH pide un alquiler social para una familia okupa de un piso sin luz
Una mujer con tres hijos menores a quien los servicios sociales ofrecen una pensión hasta enero || Chocolatada para recaudar dinero para pagar una multa
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama a la Paeria un alquiler social para una mujer que desde hace un año okupa un piso con tres de sus cuatro hijos, que son menores de edad. La afectada reconoció que en esta vivienda se tiene que alumbrar con velas y que el pasado viernes recibió la visita de dos asistentes sociales que le ofrecieron trasladarse a una pensión hasta enero argumentando que el piso no está en condiciones.
La mujer, cuyos únicos ingresos son una ayuda de cuatrocientos euros, asegura que le dijeron que una vez finalice su estancia en la pensión deberá buscarse una vivienda por su cuenta. “Pero no la voy a encontrar porque no tengo nómina y no puedo pagar un alquiler”, apuntó. Señaló que perdió su anterior casa “por culpa” de su exmarido y que se vio obligada a “dar una patada” y okupar una vivienda vacía. Afirma que sí podría pagar un alquiler social económico de un piso de los que asigna periódicamente la mesa de emergencia y añadió que, si deja la casa que ahora está okupando para ir a la pensión la vivienda será tapiada inmediatamente.
La PAH organizó ayer una chocolatada solidaria para recaudar fondos para pagar una multa a la que la Justicia les condenó por okupar una entidad bancaria y aprovechó esta acción para hacer público el caso de esta mujer y reclamar una solución. La Audiencia de Lleida condenó a pagar 150 euros a cinco activistas de la plataforma de Lleida por okupar la oficina de Catalunya Caixa de la plaza Sant Joan de la capital del Segrià durante tres días, entre el 12 y el 15 de noviembre del 2015. El vaso de chocolate costaba un euro y daba derecho a participar en el sorteo de una cesta o “panera”.
En la cholocatada participó también otra mujer que asegura haber sido víctima de una “estafa por parte de una inmobiliaria y un banco”, que le imputan una deuda de cincuenta mil euros que le comporta un embargo de trescientos euros mensuales de su nómina desde hace siete años. La afectada, que forma parte de la PAH, reclama que el juez paralice el embargo. “Somos cinco personas y no me llega para pagar el piso, el embargo, la luz y la comida”, aseguró.