UNIVERSIDAD ESTUDIANTES
El Govern hace caso omiso al Parlament y no baja las tasas
El secretario de Universidades asegura que reducirlas un 30% costaría 47 millones || Defiende los precios según la renta
El secretario de Universidades de la Generalitat, Arcadi Navarro, descartó ayer en una comparecencia en el Parlament una rebaja lineal de las matrículas universitarias del 30%, como contemplaba una moción que fue aprobada recientemente por la propia Cámara catalana.
Navarro defendió el modelo de “tarificación social” adoptado por la Generalitat en el curso 2012-13 y que supuso un fuerte incremento en el coste de las carreras para las familias. “Una futura rebaja de los precios universitarios debe hacerse según la renta familiar de los estudiantes, siguiendo el actual modelo catalán de precios y becas, que permite garantizar la equidad”, afirmó. Navarro recordó que ahora no hay un precio único, sino hasta 18 distintos, ya que las tasas se pagan en función de la renta de cada familia, lo que favorece a las más bajas y afirmó que, pese a todo, el coste de la universidad es inferior al de la escuela “bressol”.
Navarro admitió que las universidades públicas están infrafinanciadas y culpó al Gobierno central
Actualmente, añadió, a pesar de que el precio máximo de un grado en Catalunya sea superior a, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la mayoría de estudiantes catalanes pagan menos que los madrileños, gracias a los diferentes tramos de renta y becas establecidos. Además, indicó que el 40% de la población en edad de estudiar va a la universidad, mientras que el porcentaje en 2007, justo antes de la crisis, era del 32%.
El secretario de Universidades insistió, no obstante, en que “la voluntad del Gobierno es profundizar y mejorar el sistema actual de precios y becas” con el objetivo de ampliar el número de beneficiarios, así como el volumen de las ayudas al estudio.
No obstante, Navarro admitió que las universidades públicas están infrafinanciadas y culpó parcialmente al Gobierno central, al que reprochó, además, que no cumpla las sentencias del Tribunal Constitucional que le obligan a traspasar la gestión de las becas a la Generalitat, unos 150 millones de euros más, y que no tenga en cuenta el coste de la vida en Catalunya para distribuir las becas.