UNIVERSIDAD CLAUSTRO
Docentes cuestionan que políticos den clase en la UdL
Aprobado el informe del rector por 48 votos a favor, 15 en contra y 17 en blanco || Fernández anuncia un plan para captar alumnos
El rector, en el centro, en la reunión del claustro de ayer.
Representantes de la Junta de Personal Académico (JPA) de la Universitat de Lleida plantearon ayer en el claustro la necesidad de “una reflexión sobre si realmente es compabible” que cargos políticos den clase en la UdL. Apuntaron que “a veces las obligaciones políticas repercuten en la atención a los alumnos y pueden traer problemas” y recordaron que en alguna ocasión cuando un docente ha adquirido un cargo político ha pedido excedencia. “Estaríamos a favor de que los políticos no dieran clase, pero lo que pedimos es una reflexión”, indicó un portavoz de la JPA. Otras intervenciones versaron sobre la okupación del Rectorado y la futura comisión para elaborar un protocolo de resolución de conflictos. .
El claustro aprobó el informe anual del rector Roberto Fernández por 48 votos a favor, 15 en contra y 17 en blanco. Fernández reclamó un pacto nacional para la universidad que asegure mejor financiación, tasas más bajas y más becas. Priorizó un plan de docencia virtual y otro para captar alumnos, “obtener para Agrotecnio la financiación normalizada dentro del sistema Cerca” y una comisión para fomentar la participación estudiantil en los órganos de gobierno. Recordó que en 2017 estarán terminados el segundo edificio de Biomedicina, las instalaciones de Veterinaria en Agrónomos y Torrelameu y, si se logra financiación de la Generalitat, otro aulario en Cappont. También se aprobó la designación de Joan Betriu como nuevo Síndic de Greuges de la UdL. Releva a Francisco Javier Aquilué, que en 2015 recibió 22 quejas, 4 de titulados de Salud Animal con problemas para cursar Veterinaria en la UAB. Este año, el Síndic ya ha tramitado 32 expedientes, un 45% más que en 2015.
El rector, partidario de retirar todos los símbolos franquistas Varios integrantes del claustro reclamaron la adhesión de la UdL al manifiesto “Per una Lleida lliure de franquisme”, que promueve la retirada de los nombres de ocho calles de personas relacionadas con el golpe de estado de 1936 y el franquismo. Roberto Fernández aseguró que, como rector, es partidario “de la retirada de todos los símbolos franquistas de los espacios públicos”, pero consideró que la UdL no es la institución competente para aplicar la ley de Memoria Histórica y la resolución del Parlament. Apuntó que es la Paeria y los grupos políticos quienes deben decidir.
