Justicia pide un acuerdo para evitar colapso judicial por cláusulas suelo

El conseller de Justicia, Carles Mundó, insistió ayer en reclamar un mecanismo que evite un alud de demandas y un nuevo colapso en los tribunales catalanes tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que ordena la devolución total de las cláusula suelo. Durante el tradicional encuentro con periodistas en la sede de la conselleria, el conseller reiteró que el Gobierno central y la banca deben hallar un procedimiento que evite que cada cliente deba reclamar por separado, al entender que no es lo mismo que las participaciones preferentes, sino que ahora el tribunal europeo ha marcado un criterio común al que deben obedecer todos los tribunales españoles. Sin este acuerdo, el conseller consideró inevitable un colapso con las nuevas demandas, en un momento en el que los abusos financieros ya han generado una avalancha de recursos en la Audiencia de Lleida. Como publicó ayer SEGRE, los tribunales leridanos ya están dictando sentencias con la doctrina del TJUE y fijan la devolución total sin el límite establecido por el Supremo, que solo permitía el retorno del interés pagado de más a partir de mayo de 2013.

En cuanto al colapso que sufren los juzgados leridanos, sobre todo los de familia y el contencioso, el conseller señaló a este diario que no es competencia de la Generalitat y que ya han elevado la petición al Gobierno central. Asimismo, recordó que para el próximo año se prevé la llegada de un juez de refuerzo a los juzgados de Cervera, en una situación “crítica”. Por otra parte, Mundó prevé que en 2017 se hagan cambios en el sistema penitenciario para acabar con la situación de cárceles con una baja ocupación, como la de Ponent, con mínimo histórico en número de presos. Sin embargo, no concretó cómo se haría esta redistribución de los recursos, aunque descartó el cierre de la cárcel.

Por otra parte, la conselleria de Justicia firmó ayer un convenio con el Consell de l’Advocacia Catalana y Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya para aumentar un 1,3% la retribución de abogados y procuradores del turno de oficio en 2017, permitiedo recuperar el nivel de honorarios de antes de la crisis.