Los acusados de robar en 31 casas de Lleida, Tarragona y Castellón niegan los hechos
El juicio ha quedado visto para sentencia este jueves
El macrojuicio contra 9 acusados de cometer hasta 31 robos en Lleida, Tarragona y Castellón ha quedado visto para sentencia este jueves después de escuchar los testimonios de los acusados. Únicamente tres de ellos han aceptado responder a las preguntas de la Fiscalía y todos han negado los hechos de los que se les acusa.
De hecho, han explicado que se dedican, mayoritariamente, a la compraventa de chatarra y de antigüedades, pero uno de ellos ha dicho que corta leña y otro que participa en la cosecha de naranjas. Han confirmado que son familia pero han insistido en que los días de los robos no se encontraban con el resto de los acusados.
Los 8 acusados de robos también han negado conocer al joyero de Reus señalado como receptor de los objetos robados, un hecho que él mismo también ha corroborado. Ha asegurado que todo lo que llega a la tienda queda legalmente registrado, pero lo que los Mossos encontraron sin documentación, insiste en que eran stocks de joyería.
Por todo ello, la fiscalía ha mantenido las acusaciones de robo con fuerza para 8 de los hombres, de atentado a la autoridad también para el joven que atropelló a un Mosso d'Esquadra en un control policial, y de receptación para el joyero que presuntamente recibía los objetos sustraídos. Los 9 están acusados de pertenencia a grupo criminal.
La fiscal ve probados todos los hechos y considera proporcional pedir la pena máxima por todos estos delitos, debido a la peligrosidad del grupo y a su reincidencia.
Cuatro días de juicio y 150 testigos
El juicio ha durado 4 días en los que han prestado declaración hasta 150 testigos. Los acusados se enfrentan a penas de hasta siete años y medio de prisión por robo con fuerza. La fiscalía pide para el joyero dos años por receptación. Y, a todo, se tiene que añadir un año por pertenencia a grupo criminal. El joven que atropelló al agente está acusado, además, de atentado, por lo cual el ministerio fiscal pide 4 años más.