TELECOMUNICACIONES JUSTICIA
Telefónica exige a Paeria y Estado el millón que pagó por una tasa ilegal
El Supremo rechaza que el Gobierno deba indemnizarle por cobros de 2002 a 2005
Imagen de la gran antena de Telefónica junto a la Rambla d’Aragó.
La compañía Telefónica S. A. ha presentado sendos recursos de reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial ante el Estado y la Paeria para resarcirse del dinero que pagó entre 2002 y 2005 en concepto de la tasa que gravaba el uso del espacio público por parte de las antenas, que fue anulada por contravenir la normativa de la UE en 2012. En concreto, la multinacional reclama 1.169.260,21 €, cantidad que equivale a las liquidaciones practicadas por la Paeria, los correspondientes recargos e intereses de demora y los costes de un aval. La empresa ya recurrió las liquidaciones, pero su recurso fue rechazado por estar fuera de plazo en 2010, de manera que en 2015 inició la vía de la responsabilidad patrimonial para recuperar este dinero.
Ahora, el Supremo, en una sentencia fechada el pasado 20 de febrero, ha rechazado la primera de estas reclamaciones, dirigida al Estado. La empresa consideraba que “el Estado legislador debe responder del daño causado” ya que la ordenanza municipal deriva de la ley de Haciendas Locales y viola la normativa comunitaria en cuanto a telecomunicaciones. Telefónica entendía que el Gobierno debería haber excluido explícitamente a las empresas de telefonía móvil de este gravamen y que es por ello responsable de que se lo cobraran pese a ser ilegal. El Supremo rechaza esta pretensión y condena a costas a la empresa. Queda pendiente el otro litigio, dirigido directamente al ayuntamiento de Lleida, pero el Supremo ya apunta que, en todo caso, el perjuicio lo ocasionan las liquidaciones y no la ordenanza en sí.
El ayuntamiento recupera este año el gravamen a las antenas? La Paeria ha recuperado en las ordenanzas fiscales de este año la tasa por el aprovechamiento del espacio público a las empresas de telefonía por sus redes de antenas y otras instalaciones. Tras los problemas legales del texto anterior, que acabó anulado judicialmente en 2012, el ayuntamiento de Lleida ha aprovechado que el Supremo avaló el año pasado una tasa similar del ayuntamiento de Madrid para recuperar la tasa con un nuevo redactado adaptado al ordenamiento jurídico. Prevé que permita recaudar 900.000 euros.
