La familia del profesor leridano asesinado por un alumno lleva a Enseñanza al juzgado

La familia de Abel Martínez, el profesor leridano muerto a manos de un alumno en un instituto de Barcelona, ya ha iniciado el proceso judicial ante el silencio que mantiene la Generalitat en su exigencia de responsabilidad patrimonial por el suceso. Los padres y el hermano de Abel, representados por el letrado José Antonio Calles, de Calles Advocats, ya han iniciado los trámites para judicializar el caso y que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien decida si el Consorci d’Educació de Barcelona debe afrontar el millón de euros que pide la familia como indemnización al considerar que el centro era responsable del alumno y que fallaron las medidas de control.

Según el abogado, el Consorci, formado por la Generalitat y el ayuntamiento de Barcelona, tenía de plazo hasta finales de marzo para pronunciarse sobre su petición, pero, teniendo en cuenta que todavía no tienen noticias, la familia ha decidido presentar ya el inicio del proecimiento judicial. Un caso que recaerá ante el TJSC, en el ámbito del contencioso-administrativo, al ser la cantidad reclamada superior a los 30.000 euros.

Ahora el TSJC informará al Consorci del inicio del procedimiento y le solicitará todo el expediente sobre la muerte del profesor. Una vez se entregue esta documentación, la familia podrá presentar una demanda propiamente dicha contra la administración.

Como ya informó este diario, la familia de Abel Martínez lleva casi un año esperando una respuesta por parte de la Generalitat y el caso hasta ahora se ha intentado resolver por la vía administrativa. “Podemos entender el silencio como una negativa, pero se tienen que pronunciar”, señaló. El profesor, de 35 años, murió el 20 de abril de 2015 después de que un alumno del instituto público Joan Fuster de Barcelona le apuñalara tras entrar en el centro armado con una ballesta y un machete. La familia de Abel Martínez, que dependía económicamente de él y sufre duelo patológico desde su trágica muerte, considera que el centro era responsable del alumno agresor y que debe responder por sus actos y sus consecuencias. El caso se archivó por la vía penal porque el autor era inimputable al tener solo 13 años. Casi dos años después de los hechos, la muerte de Abel Martínez volverá a los tribunales para determinar la responsabilidad de la Generalitat.